08 de agosto de 2019
08.08.2019

Un promotor exige indemnización al Concello por darle una licencia ilegal

Una sentencia obliga a derribar dos plantas tras una ampliación cuyo permiso se anuló

07.08.2019 | 21:19
Edificio de la calle Santo Tomás que debe ser corregido.

Un edificio del barrio de Monte Alto, el del numero 49 de la calle Santo Tomás, tiene pendiente desde el año pasado una demolición parcial, la de sus dos plantas superiores, la quinta y el bajo cubierta. El derribo viene dictado por una sentencia judicial que obliga a la administración local a echar abajo esas dos alturas, en las que se realizaron reformas al amparo de una licencia municipal que, tras la ejecución de esos trabajos, fue anulada por la Justicia. El promotor de las obras reclamará al Concello una indemnización por responsabilidad patrimonial.

El Ayuntamiento licitó a finales de 2017, con un presupuesto base de 80.209 euros, las obras de demolición de las dos plantas más altas del inmueble con la intención de legalizarlo. Dos meses después, el Gobierno local declaró desierto el concurso abierto para la contratación de los trabajos de demolición, dado que ninguna empresa había presentado ofertas para hacerse con el encargo, que tenía por objeto dejar en cinco las alturas del edificio.

Al estar el Concello obligado a asumir el derribo parcial, la administración local contrató posteriormente el proyecto de derribo parcial, cuya redacción ya está finalizada, de lo que se informó al juzgado. La necesidad de enmendar algunas deficiencias encontradas en la estructura del edificio ralentiza el proceso de demolición.

En el último informe del servicio de Rehabilitación e Vivenda, entregado y supervisado en mayo de este año, constan algunas observaciones que conviene subsanar. Ese mismo mes Rexeneración Urbana solicitó un estudio de seguridad y salud de la intervención que podría recoger otras subsanaciones, y que aún no se ha emitido. Por esta razón, y debido a que las observaciones podrían modificar los trabajos, todavía no existe el proyecto final corregido.

Responsabilidad patrimonial

Hay otro aspecto pendiente de tramitación, que es la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el promotor de las obras de ampliación en las plantas superiores del edificio a consecuencia de la declaración de ilegalidad en los permisos.

El proyecto de derribo que asume el Concello deberá respetar las alturas que tenía el inmueble antes de la realización de las obras fruto de la licencia ilegal. La superficie total del edificio es de 1.386 metros cuadrados y el volumen afectado por la demolición es de 346 metros cuadrados, según consta en el proyecto técnico. Las obras que se deberán hacer en el inmueble incluyen la construcción de la cubierta y la legalización del ascensor, para lo que será necesario adecuar a la legalidad la entreplanta, las plantas de viviendas y el bajo cubierta. Según indicaba la licitación, el plazo de realización de los trabajos será de dos meses.

El caso de este edificio de Santo Tomás no es el único en la actualidad sobre el que pesa una orden de derribo por ilegalidad urbanística; le ocurre lo mismo al del número 13 de San Roque de Afuera, para el que el Concello ya ha enviado al juzgado un proyecto de demolición parcial.

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