Nuevo ultimátum para Hércules de Armamento, el segundo en tres meses para abandonar la fábrica de armas. El Ministerio de Defensa, que inició a comienzos de junio el proceso de desahucio de la planta de Pedralonga, ha remitido a la empresa una nueva orden para dejar libres las instalaciones tras la revocación de la concesión otorgada en 2014 por el impago del canon anual y acumulación de deudas. La fecha límite es el miércoles 21 de agosto a las 23.59 horas, según confirman fuentes estatales.

Hércules tenía que haber salido de la fábrica de armas el pasado 22 de mayo a las ocho y media de la tarde, según el requerimiento de una resolución ejecutiva de desalojo decretada una semana antes por el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos. El director de la empresa, Ramón Mejuto, se negó a hacerlo, aunque al día siguiente personal de la delegación de Defensa en Galicia entró en la planta para comprobar el estado de las instalaciones. Les abrió Mejuto, que desde entonces, y en compañía de unos pocos empleados, permanece en el lugar.

La nueva orden que Defensa ha enviado a Hércules de Armamento „lo hizo este jueves día 8„ se trata, según las mismas fuentes, de una orden de desahucio administrativo, con la que queda agotado el camino judicial administrativo; se puede recurrir ante la Secretaría de Estado de Defensa mediante un recurso de reposición o en la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. Si Mejuto no presenta recurso, o si lo hace en los próximos doce días y es nuevamente tumbado, Hércules será forzada a liberar la planta industrial a partir del 22 de agosto.

Defensa tenía un plazo de tres meses desde que anunció el inicio del proceso de desahucio para liberar la factoría, donde el Estado impulsa el proyecto de innovación tecnológica Ciudad de las TIC, concebido desde el año pasado por la Universidade da Coruña en parte de los terrenos del Ministerio en Pedralonga. El adelantamiento del ultimátum a finales de agosto mete presión sobre el director de Hércules, que en los últimos cinco años no ha sido capaz de explotar proyectos industriales en la planta y ha sumado deudas con Hacienda, la Seguridad Social y los trabajadores, de los que la gran mayoría se han marchado.

La futura liberación de la fábrica de armas hará posible, si las previsiones no se tuercen, la creación en el mismo suelo de un parque tecnológico con empresas del sector locales y gallegas. Para poner en marcha este proyecto el Estado pretende otorgar la concesión de los terrenos a la Universidad coruñesa a través de un contrato puente para que la institución académica y las empresas tecnológicas, que se irán incorporando a la zona, puedan desarrollar su actividad. La Xunta también plantea el uso de parte de estas parcelas para ampliar el Hospital de A Coruña, propuesta que Xunta, Concello y Universidad han admitido que es compatible con la Ciudad de las TIC.