Todos los propietarios de los pisos que fueron comprados por el Concello para alquiler social y cuya venta ha sido anulada o está en proceso de serlo rechazan la devolución de las viviendas, obligada por las irregularidades detectadas en la convocatoria pública abierta en 2017 para la selección de los inmuebles. Dos procedimientos de compra, que afectan al mismo propietario, ya están en los tribunales, otro va en camino y los dueños del cuarto y quinto inmueble han presentado alegaciones. Una vez se les responda oficialmente, el Ayuntamiento enviará la decisión de anular la compraventa al Consello Consultivo, que tiene que refrendar la decisión.
El nuevo Gobierno socialista prosigue con los diferentes procedimientos para anular la compra de cinco de las seis viviendas que pasaron a ser patrimonio municipal a través del concurso abierto por el Ejecutivo anterior y que, según concluyó la investigación forzada por la oposición, no cumplían las bases de la convocatoria por distintos motivos.
El Consello Consultivo ha considerado nulos los primeros procedimientos que han llegado del Concello coruñés. Aunque las cinco revisiones se hallan en fases diferentes, la conclusión será la misma: la comunicación a los propietarios de que sus pisos les serán retornados y que ellos tendrán a su vez que reintegrar la cantidad pagada por el erario municipal, más de un año después de ingresarla.
La primera venta en llegar al juzgado fue el de una vivienda situada en la calle Joaquín Martín Martínez, anulada por no tener uso permitido de vivienda y no haber sido considerada legalizable como tal por su altura. Fue uno de los inmuebles señalados por el PP por ser propiedad, junto a otro, de un firmante del manifiesto fundacional de la Marea. Los populares enviaron a la Fiscalía la venta pero esta fue archivada al no apreciar "trascendencia penal".
La revisión se acordó en junta de gobierno en septiembre pasado de 2018 y, finalizado el trámite administrativo, el dueño ha interpuesto un contencioso. Ha seguido el mismo camino hacia los tribunales su segunda propiedad, en la calle Santander. Tras acordarse su revisión de oficio, en diciembre, también ha presentado un recurso administrativo, pendiente de resolución en el momento del traspaso de Gobierno y ahora ya en fase judicial.
La revisión de oficio de la vivienda de la calle Fe pasó por junta de gobierno en abril de este mismo año. Previa a su remisión al Consello Consultivo, se dio traslado a los interesados, que procedieron a presentar alegaciones en contra de la anulación. El Concello tiene que contestarlas antes de enviar el procedimiento al órgano fiscalizador para que avale la devolución.
En el mismo punto está el cuarto inmueble afectado, el de la calle Barrera, que tenía un informe desfavorable de la Inspección Técnica de Edificios. El Concello ha de responder las alegaciones presentadas por su propietaria en contra de la decisión de la junta de gobierno del pasado marzo para su remisión al Consultivo.
El quinto piso en revisión está ubicado en la calle Almirante Mourelle. El acuerdo de la junta de gobierno para la anulación definitiva se firmó en abril. El Consello Consultivo ya ha dado su visto bueno por lo que en el departamento legal municipal esperan también un contencioso por el rechazo del dueño del inmueble a que se reintegren dinero y piso.
