El plan general coruñés permite edificar 13.750 metros cuadrados en la playa de Oza, frente al mar, en la antigua parcela que hasta 2005 ocupaba Astilleros Valiña. El nuevo Gobierno mantiene el criterio del anterior Gobierno local y afirma que exigirá al dueño del suelo que reste volumen a la construcción litoral. También depende de que Demarcación de Costas haga el deslinde de la parte pública y privada, sin acometer a pesar de que el proyecto, cuyos promotores intentan reactivar, lleva quince años en cartera. Pero por encima de los derechos que le otorga a los constructores la ordenación municipal y de la decisión de la entidad estatal, prevalece la normativa urbanística autonómica que obliga a que cualquier nueva construcción en un paisaje abierto, rural o marítimo, respete la integridad del paisaje.

Las Normas de aplicación directa (NAD) están contenidas en las leyes estatal (artículo 20.2) y autonómica (artículos 91 y 92) del suelo, que tiene como antecedente la primera. Prevalecen sobre planeamiento y se aplican directamente, diga lo que diga el plan, y así lo interpreta la jurisprudencia. La redacción es similar en ambos textos legislativos.

La ley gallega indica que las construcciones e instalaciones "habrán de adaptarse al ambiente el que estuvieran situadas". Estipula que "en los lugares de paisaje abierto o natural" no se permitirá que "las situación, masa o altura de las construcciones muros y cierres, o la instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva propia del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto".

La normativa estatal de la que procede, de 1976 pero actualizada en 2015, repite que las edificaciones "habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en el que estuviesen situadas". "A tal efecto", prosigue la redacción, "en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo", no se autorizará alturas y elementos en los mismos supuestos escritos por el legislador gallego.

Lo tendrán que tener en cuenta los nuevos responsables urbanísticos coruñeses a la hora de decidir si es viable o no lo es el bloque de pisos propuesto por los promotores del bloque de edificios de Astilleros Valiña, que comenzó a gestarse en 2004 y quedó paralizada por la crisis económica. El proyecto fue presentado por los nuevos propietarios del suelo el pasado año 2018 tras haber acordado con el anterior Ejecutivo municipal de Marea Atlántica un mayor alejamiento de la costa.

Es también esa ubicación junto al mar el motivo que bloquea la puesta en marcha de la iniciativa, ya que para aprobarla es necesario que la Demarcación de Costas establezca en este lugar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre para separar los terrenos de propiedad pública de los privados. Entre el suelo que quedará en manos de Costas y la parcela edificable tiene que haber además seis metros para la construcción de un vial, además de otra franja de terreno que será de propiedad municipal.

La actuación dispone de 13.750 metros edificables, de los que 2.750 deben dedicarse a viviendas de protección oficial, mientras que el resto se destinarán al mercado libre.

Isoman solicitó permiso al Gobierno anterior para retomar el proyecto. Pero Rexeneración Urbana, que dirigía Xiao Varela, les planteó que se separase lo máximo posible del mar. Los promotores ofertaron entonces varias propuestas para responder a esta petición, pero el anterior Gobierno municipal no llegó a contestarles. El área de Urbanismo, que dirige ahora el socialista Juan Díaz Villoslada, asegura que comparte el criterio de su antecesor.