La liberación de gran parte de la deuda de la Marina de Valencia contraída por el Consorcio Valencia 2007 que el Estado aceptó asumir en agosto de 2018, 350 millones de euros, tendrá que esperar. La incertidumbre respecto a la formación del Gobierno, aún en funciones desde las elecciones de abril, y la falta de presupuestos donde se vea plasmada la condonación del endeudamiento del organismo que gestiona los terrenos portuarios de la ciudad cedidos de manera gratuita para la celebración de la Copa América de vela y carreras de Fórmula 1, han creado una inquietud tal en el consorcio que su director, general, Vicent Llorens, alertó hace una semana de que si no se materializa ese perdón contable las cuentas pueden ser embargadas debido a la existencia de un pleito con el Departamento del Tesoro.
Valencia, por tanto, se encuentra ahora en una situación, entre la espera y la decepción, que tiene parecidos con la de A Coruña, donde el Gobierno local solicitó al Estado en el anterior mandato el mismo trato respecto a la deuda de la Autoridad Portuaria por la obra del puerto exterior. El Gobierno de Pedro Sánchez le negó la condonación y justificó que se trataba de casos distintos.
El proyecto presupuestario que el Ejecutivo socialista elaboró a comienzos de año recogía que la Administración General del Estado se haría cargo de la deuda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que pesa sobre el órgano que gestiona los terrenos portuarios de Valencia. Pero el presupuesto no contó con la aprobación del Congreso, lo que a la postre derivó en la convocatoria de unas elecciones que ganó el PSOE sin mayoría absoluta y de las que todavía, sin acuerdo entre las fuerzas de izquierda, no ha salido un Ejecutivo que acabe con la situación de gobierno en funciones.
La asunción estatal del endeudamiento portuario fue una medida que también reclamaron el Concello de A Coruña y la Xunta el año pasado respecto al crédito de 200 millones que debe saldar el Puerto con Puertos del Estado por la construcción de la dársena de punta Langosteira. Tal iniciativa fue respaldada en el pleno municipal, el Parlamento gallego, el Congreso y la Diputación, pero el Estado la ha rechazado.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, explicó hace días que el Concello trabaja "en coordinación" con la Autoridad Portuaria y con Madrid para "buscar fórmulas que faciliten la situación financiera derivada de las obras del puerto exterior" y adelantó que este mismo mes se intensificarán "los contactos", sin aclarar qué tipo de medidas se solicitarán. PP, Marea y BNG han criticado la falta de avances en este asunto, mientras que solo Ciudadanos se opone a la condonación de la deuda portuaria.
En Valencia cunde ahora el nerviosismo, pese a los pactos sellados, que peligran, con el Gobierno de Sánchez. "El hecho de que la deuda aún esté viva comporta una serie de perjuicios para el propio Consorcio, que básicamente se pueden dividir en el ámbito judicial y financiero", advierte Llorens.
