El hombre que mató a un usuario del albergue de Padre Rubinos en enero de 2018 se negó ayer a declarar en la repetición del juicio en la Audiencia Provincial. Su defensa se apoyará en un nuevo informe psiquiátrico, realizado por el Sergas al acusado en agosto, para solicitar que los hechos sean constitutivos de un delito de homicidio y no de asesinato con alevosía como pide la Fiscalía. El letrado alegará que su defendido, de acuerdo con ese informe, sufre un "trastorno mixto de personalidad destacando rasgos límites antisociales y paranoides", por lo que solicitará la aplicación de "eximente completa" para que el acusado sea absuelto del delito de asesinato y sometido a tratamiento psiquiátrico.

Inmóvil en una silla y con el rostro tapado por sus manos, J.M.L.C., se acogió al derecho a no declarar en la sesión inicial de la repetición del proceso en la Audiencia, después de que en abril el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declarase nulo el juicio anterior al aceptar la alegación de la defensa, que achacó "indefensión" por no haber sido sometido el hombre a un examen psiquiátrico del Sergas. A finales de diciembre el jurado popular lo había declarado culpable de asesinato por apuñalar mortalmente a la víctima y los magistrados le impusieron una condena de 15 años y medio de cárcel y siete años de libertad vigilada. La Fiscalía solicitaba entonces, y ahora en el nuevo juicio, 17 años de cárcel y ocho de libertad vigilada.

"¿Quiere que se le condene?", preguntó ayer el presidente del tribunal a J.M.L.C.. "No lo sé. No voy a declarar. Me imagino que tendrían que condenarme", respondió solamente. Por la tarde volvieron a prestar declaración los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local que intervinieron en la detención el 8 de enero de 2018. Hoy lo harán los testigos, por la mañana, y los peritos, por la tarde. El veredicto se conocerá probablemente mañana.

El Ministerio Fiscal sostiene que el ataque con una navaja fue "sorpresivo" y que la víctima no tuvo "ninguna posibilidad defenderse" de la acción del acusado, que había ido aquel día a Padre Rubinos a recoger una documentación después de haber sido expulsado unos días antes por mal comportamiento. La grabación de una cámara muestra cómo el acusado mantiene en el exterior del albergue una conversación con la víctima, Sebastián Míguez Chaves, de 43 años, al que, sin motivo conocido, asesta con una navaja de doble filo una puñalada en el corazón.

El fiscal tiene en cuenta el atenuante de alteración psíquica a la hora de solicitar la pena y señala que los informes de los médicos y psicólogos forenses, así como el del psiquiatra que requirió la defensa, coinciden en concluir que el acusado tiene un trastorno de la personalidad, "asociado al consumo de alcohol y drogas y a un desinterés por las normas sociales", que "no le impide saber lo que hacía", y que sus funciones psíquicas se han alterado "de manera leve". Además de la pena de prisión por asesinato, la Fiscalía reclama al acusado indemnizaciones para los familiares de la víctima, sus padres y cada uno de sus seis hermanos.

La defensa, a cargo del abogado Santiago Andaluz, que sustituye al anterior, el exconcejal socialista José Manuel Dapena, cuestiona que el acusado fuera consciente de sus actos en el momento de los hechos y entiende que el hecho de llevar un año y medio en prisión ha contribuido a que su enfermedad haya disminuido con respecto a la gravedad que presentaba a comienzos de 2018, cuando mató al otro usuario de Padre Rubinos. "Solo hubo un apuñalamiento. ¿Con solo un apuñalamiento se puede acreditar la intención de matar?", preguntó al jurado.