El importante volumen que supone el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la recaudación que obtiene el Concello a través de los tributos municipales confiere una especial importancia a las previsiones sobre el mismo que debe establecer el Gobierno local en las ordenanzas fiscales del próximo año. De los 101 millones de euros que el anterior Ejecutivo municipal preveía recaudar este año mediante los impuestos directos, 60,3 millones corresponden al IBI, por lo que la conocida como la contribución es una de las principales fuentes de ingresos del Concello.
La negativa de Marea Atlántica a rebajar este impuesto tras la subida de un 10% que impuso el Gobierno central en 2011 le supuso un enfrentamiento continuo durante todo el mandato con el Partido Popular, que reclamó año tras año la reducción que se autorizó desde 2015 y que fue aplicada por ayuntamientos como Santiago y Ferrol. El PP insiste ahora en la defensa de la rebaja del coeficiente general, una tesis que apoyó el PSOE al inicio del pasado mandato y que luego abandonó tras una negociación con Marea en la que se apostó por moderar la presión fiscal a través de rebajas en otros tributos.
Los socialistas tendrán que definir su postura sobre el IBI en las próximas semanas en las conversaciones para la elaboración de los presupuestos con el resto de grupos políticos, ya que carece de mayoría en la Corporación, aunque Marea ya se pronunció en contra de la reducción planteada por el PP. Según esta formación, el paso del coeficiente del 0,60 al 0,54 que defendían los populares en 2016 habría implicado una caída de la recaudación de cinco millones de euros, de la que se beneficiarían especialmente los propietarios de pisos de mayor valor, que se ahorrarían hasta 900 euros en el recibo, mientras que por los menos valiosos tan solo se evitaría el pago de 60 céntimos.
Para Marea, el IBI debe ser reformado porque en la actualidad no es un impuesto progresivo, por lo que entiende que "rebajarlo solo beneficia a las rentas más altas". Este grupo asegura que durante su mandato municipal se "agotaron las escasas capacidades redistributivas del IBI", para lo que se recurrió a la flexibilización del pago, la bonificación de la cuota a las familias numerosas y las viviendas de protección oficial, así como la introducción de recargos para las viviendas vacías, aunque está pendiente de definir legalmente por parte de la Xunta o el Gobierno central qué viviendas pueden considerarse vacías.
El BNG se declara por su parte contrario a reducir el IBI "porque es una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos", como recuerda el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, quien apuesta por aplicar a este impuesto "criterios de justicia social", como la exención del pago a quienes residen en régimen de alquiler en viviendas sociales y la bonificación del 90% a los propietarios de edificios en rehabilitación mientras duren las obras.
El BNG es, además, más ambicioso, ya que propone cambios legales para suprimir la exención del 95% de que goza la Autopista del Atlántico de acuerdo con una ley de 1972, así como la que poseen los edificios de la Iglesia, salvo los dedicados al culto, y los de propiedad del Ministerio de Defensa.
Ciudadanos plantea una "reducción progresiva del IBI", aunque manteniendo las actuales bonificaciones y exenciones, dentro de un proceso de revisión de todas las ordenanzas fiscales coruñesas. "Son muchas las que necesitan actualización y adaptarse a la realidad actual", señala la concejal Mónica Martínez.
Inmuebles especiales
La subida en 2016 del 0,6% al 1,3% en el coeficiente que se aplica a los inmuebles de características especiales generó la oposición radical del PP, que de nuevo reclama este año su supresión al estimar que "perjudica especialmente" a las empresas portuarias. Tanto Marea como BNG rechazan modificar este apartado del IBI al entender que supone una compensación por los servicios que el Concello proporciona al Puerto y por los efectos ambientales que sus instalaciones generan en la ciudad.
Este coeficiente afecta a 75 empresas o instituciones, aunque la Autoridad Portuaria y Repsol Petróleo proporcionaron en 2018 el 66% de los 3,3 millones que el IBI recaudó mediante esta vía. Solo la compañía química abonó 1,5 millones por sus instalaciones en la ciudad, mientras que el Puerto tuvo que aportar 646.000 euros.
Las empresas instaladas en puertos, los productores de energía eléctrica y gas, así como las de refino de petróleo están incluidas en este apartado del IBI, aunque el Concello coruñés aprobó una bonificación del 50% a las compañías pesqueras, el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) y las entidades deportivas del sector de la náutica.
El centro comercial Los Cantones Village también está afectado por este IBI especial al estar ubicado en terrenos portuarios, por lo que debería abonar 570.000 euros cada año. La Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, gestora de las instalaciones, ha recurrido el pago de esta cantidad desde que el Concello aprobó el incremento del impuesto, pero todas las resoluciones judiciales han sido favorables a la administración municipal hasta el momento, por lo que en principio tendrá que pagar esa cantidad por cada uno de los ejercicios desde 2017.
