La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 ha condenado al Concello de A Coruña a pagar 1,6 millones de euros por la urbanización de O Parrote. La magistrada estima, de esta forma, el recurso interpuesto por el Puerto contra la resolución de la Administración municipal de julio de 2017 en la que le denegaba el pago, según explicó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un comunicado. Esta sentencia no es firme, por lo que, contra ella, cabe recurso de apelación .
La juez se basa en que tanto el Puerto como el Concello firmaron en 2014 una adenda al acuerdo sobre la ejecución de las obras del vial subterráneo y del aparcamiento de O Parrote, que habían suscrito dos años antes. En esa adenda, ambos, el Concello con el popular Carlos Negreira en la Alcaldía, y Enrique Losada en la presidencia de la Autoridad Portuaria, acordaron "modificar el ámbito del convenio del 23 de enero de 2012 para adecuarlo a la solución final adoptada para la urbanización de dicho ámbito", según recoge la sentencia. Esta adenda cuenta con una precisión: la aportación económica de la Autoridad Portuaria „de dos millones de euros„ "se destinará a la ejecución de las obras del vial subterráneo de la Marina" y las "obras de urbanización en superficie se financiarán con cargo a aportación municipal", según consta en la sentencia. Y es que, en el convenio original, la concesionaria de las obras, Copasa, estaba obligada solo a la reposición de los pavimentos existentes antes de iniciar las obras.
La juez recalca en la sentencia que el Concello, al modificar el convenio original, se comprometió "a abonar los gastos de los trabajos, dentro del importe que había pactado, 16,5 millones de euros, siempre que existiese conformidad de la Comisión de Seguimiento de las Obras". Tras el cambio de gobierno en María Pita y la entrada de Marea Atlántica directamente a la Alcaldía en 2015, el Ejecutivo municipal se negó a pagar los 1,6 millones de euros que le reclamaba la Autoridad Portuaria por la urbanización de O Parrote.
"El Ayuntamiento, en la adenda segunda añadida al convenio, aprobó la redefinición de la superficie y la variación de las obras a ejecutar para que formaran una unidad de superficie con la Marina, Puerta Real y el acceso a los muelles de trasatlánticos, asumiendo el gasto que ello conllevaba. De lo contrario, habría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, que exige una variación en lo pactado en un primer momento, pero no quiere asumir el incremento del gasto que ello supone y a cuyo gasto se había comprometido", destaca la magistrada en la sentencia, que pone el foco también en que los informes de la Asesoría Jurídica municipal descartan los argumentos esgrimidos en el informe del interventor, también municipal, y en que esa discrepancia impide "conocer con precisión los motivos de la desestimación de la solicitud de pago".
La Asesoría Jurídica defendió ante la magistrada que la Autoridad Portuaria no había aprobado los documentos técnicos que definen las obras de urbanización del nuevo ámbito establecido en la adenda y que, al no estarlo, no se podían justificar los gastos realizados en ellas; que la Autoridad Portuaria había incumplido los principios de contatación pública al adjudicar directamente a Copasa las obras de urbanización de O Parrote y también que el Puerto había incumplido los procedimientos de modificación de los contratos. Ninguno de estos argumentos son óbice, según explica la sentencia, para que el Concello no abone los 1,6 millones de euros por la urbanización de O Parrote, tal y como consta en la adenda del convenio.
El Concello pone en duda también que los gastos reclamados pertenezcan únicamente al reformado de la urbanización de la superficie o puede contener gastos del vial o del aparcamiento. Sobre eso, la magistrada explica que, en el expediente constan los "presupuestos de los tres elementos con el proyecto aprobado, el final y la diferencia, y dichos presupuestos no han sido desvirtuados por el Ayuntamiento", y advierte a la Administración local de que "no cabe mantener que no existe justificación de las obras ejecutadas por la concesionaria".
El Concello y el Puerto, preguntados ayer por este fallo, no ofrecieron explicaciones, de modo que el Gobierno local no adelantó si lo recurrirá, tal y como le pide Marea Atlántica.
