El Gobierno local estudia cuál será su siguiente paso tras el fallo que condena al Concello a pagar los 1,6 millones de la urbanización de O Parrote que se había negado a abonar a la Autoridad Portuaria en julio de 2017, con Marea Atlántica en la Alcaldía y con Enrique Losada en la presidencia de la entidad portuaria. La sentencia no es firme, por lo que, contra ella, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

"La sentencia la estudiarán los servicios jurídicos, que emitirán el correspondiente informe. El hecho de que exista el derecho a la segunda instancia no implica que ese recurso sea obligatorio sino que es potestativo y, en función de la argumentación jurídica y de las posibilidades de que prospere o no ese recurso, se estudiará y se valorará la mejor decisión para los intereses del Ayuntamiento. No siempre la mejor opción es presentar un recurso", explicó ayer la alcaldesa, Inés Rey, que adelantó que el Gobierno local todavía no había decidido cuál será su estrategia ante este fallo judicial.

La juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 considera, con esta sentencia, que el Concello tiene que abonar 1,6 millones de euros a la Autoridad Portuaria por la urbanización de O Parrote en cumplimiento de una adenda que el Concello y el Puerto firmaron en 2014 y que rectifica el convenio que habían suscrito dos años antes para la obra.

En 2017, Marea Atlántica se negó a pagar alegando que la cantidad no estaba debidamente justificada y presentó informes tanto de la Asesoría Jurídica como del interventor municipal para avalar su decisión.

"No voy a valorar si esos informes eran correctos o no porque no me corresponde. Lo que me corresponde ahora es afrontar el pronunciamiento judicial", explicó ayer la alcaldesa, que aboga por hacer "aquello que suponga un menor coste y un menor daño a los intereses municipales", por lo que se dará un tiempo para estudiar la sentencia y tomar la decisión de si sigue adelante con el recurso de la sentencia, tal y como le solicita Marea Atlántica.

"Creo que litigar de manera temeraria no debe ser la vía o lanzarse a procedimientos judiciales porque sí, sino que habrá que meditar y argumentar las decisiones", comentó Rey.

Marea Atlántica defiende que hay que "agotar todas las vías judiciales en defensa del interés público" ya que considera que esos 1,6 millones de euros suponen un coste adicional para el Concello por las obras de O Parrote y la Marina por las que el Concello ya pagó 10,5 millones de euros.

Marea se basó en su día para negarse al pago en que la Autoridad Portuaria "no acreditó debidamente los gastos adicionales" y en que no aportó todos los documentos exigidos por la Ley de Subvenciones. Los mismos argumentos que esgrime ahora. Asegura también que "no existe ni certificación de obra, ni justificante de pago al contratista ni factura". Defienden también que "ninguno de los convenios o adendas firmados por el Concello', para aquel entonces con el popular Carlos Negreira en la Alcaldía y con mayoría absoluta en María Pita, "obligaban al pago de unas obras de urbanización que se ejecutaban en dominio público portuario y, como consecuencia de las obras del aparcamiento y el vial subterráneo de O Parrote".

Estos argumentos, sin embargo, fueron desechados por la jueza encargada de fallar el caso, ya que considera que ninguno de ellos es válido para justificar que no se abonen los 1,6 millones de euros por la deuda.

La portavoz del PP, Beatriz Mato, escribió ayer en su cuenta de Twitter, que "los acuerdos están para cumplirse" o, en su caso, para "cambiarlos mediante negociación". Considera que, "lo que debe de hacer el Concello, es estudiar si procede o no recurrir esta sentencia, explorar qué recorrido puede tener el proceso y tomar una decisión", dijo Mato, que puso sobre la mesa "otro pago pendiente" de 3,2 millones por la zona de la Marina, además del de 1,6 millones que adeuda el Concello a la Autoridad Portuaria.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, pidió ayer al Gobierno local que "estudie recurrir la sentencia de O Parrote" porque representa "un coste importante para las arcas municipales" y pone el foco en que los terrenos todavía no han pasado a manos municipales.

"Es un escándalo que el Concello corra con los gastos de mantenimiento de la Marina y que la Autoridad Portuaria se resista a que ese suelo se incorpore al inventario de bienes municipales", denunció Jorquera, ya que el Concello todavía no ha recibido la cesión de los terrenos.

"Desde Ciudadanos acatamos y respetamos las decisiones judiciales lo que no impide recurrir hasta donde la ley lo permita. En este momento estamos estudiando el expediente para poder valorar los hechos", explicó ayer la portavoz de Ciudadanos en María Pita, Mónica Martínez, sobre la sentencia.