"No pasará otro mandato municipal sin tomar una decisión", manifestó ayer de forma rotunda la alcaldesa, Inés Rey, sobre el futuro del tranvía turístico, del que recordó que lleva ocho años paralizado en las cocheras situadas junto a la antigua prisión tras los graves defectos en las vías que fueron apreciados en 2011. Rey admitió que el Gobierno local desconoce aún cuál será el futuro de este medio de transporte, aunque aseguró que el Concello dispone de estudios económicos sobre la viabilidad y el mantenimiento con el fin de conocer el coste que tendría tanto volver a poner en marcha el tranvía como descartarlo de modo definitivo.

Tras el descarrilamiento de uno de los vehículos en 2011, el Gobierno local del PP optó por paralizar el servicio ese año y no tomó ninguna decisión a lo largo del resto de su mandato. Marea Atlántica afirmó después que sería posible retomar el servicio entre las Esclavas y la Torre, pero que entre ese punto y San Antón haría falta una cuantiosa inversión, aunque tampoco adoptó una postura sobre el tranvía.

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Tranvías reclama en el juzgado el pago por mantener el tranvía desde que no se utiliza

FACTURAS IMPAGADAS

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el personamiento del Concello en el recurso promovido por la Compañía de Tranvías ante el impago de las facturas desde 2011 por el mantenimiento de los medios del servicio de tranvías. La cantidad pendiente de pago está próxima a los 500.000 euros y se corresponde con los trabajos a los que la empresa estaba obligada por contrato, que afectan a la conservación de los vehículos, el sistema eléctrico, los transformadores, los sistemas de seguridad y las vías.

La Compañía de Tranvías se responsabilizó también del mantenimiento de la alarma de las cocheras, lo que hizo posible que la entrada de intrusos en las cocheras se tradujera solo en la realización de pintadas en los tranvías, ya que no tuvieron tiempo a cometer destrozos en las instalaciones. La empresa reclamó al Concello el abono de la cantidad adeudada, pero la falta de respuesta hizo que decidiera desde 2015 hacer frente solo a los gastos de electricidad, agua y alarma.