Casi tres años después de que se hubiera constituido, el área metropolitana de Vigo permanece paralizada a causa de la demanda presentada por la Xunta, que consideró irregular la elección de dos concejales de Gondomar y Moaña que representaron a esos municipios en la sesión plenaria celebrada el 16 de diciembre de 2016. La iniciativa judicial planteada por el Gobierno gallego derivó en la suspensión del funcionamiento del órgano metropolitano, primero en abril de 2017 por parte de un juzgado de lo Contencioso y luego ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en octubre de 2018.
Los ocho ayuntamientos que decidieron unir sus esfuerzos en 2016 esperan a la resolución que ponga fin al conflicto, aunque el área viguesa también está afectada por otro contencioso, que enfrenta a Redondela con la ciudad por negar la tarjeta del bus a quien no esté empadronado en ella, decisión que ya fue anulada de forma cautelar por un juzgado.
