La Compañía de Tranvías exige al Ayuntamiento por vía judicial el abono de facturas pendientes que corresponden al mantenimiento del tranvía turístico desde julio de 2011, fecha en la que el servicio dejó de funcionar porque el Gobierno del PP suspendió su uso a raíz de un descarrilamiento en el paseo marítimo ocurrido ese año. La concesionaria del transporte público ha llevado esta reclamación al juzgado a través de dos recursos que fraccionan las facturas en sendos periodos (de 2011 a 2013 y de 2014 a 2017), a los que la administración municipal se personará, según aprobará esta mañana la Junta de Gobierno local.
El importe de la deuda, según ha podido saber este periódico, es de casi 500.000 euros. Tranvías explica que entre 2011 y 2014 colaboró en la realización de "análisis técnicos", "aportando información y experiencia" y "asesorando al Ayuntamiento" en las obras que se realizaron en el tramo entre la glorieta de los surfistas y el colegio de las Esclavas, aunque el tranvía no estaba en servicio. En este periodo, añade, también "mantuvo sus obligaciones contractuales de mantenimiento de los vehículos y de la infraestructura, incluyendo los gastos del mantenimiento bianual del sistema eléctrico, sus transformadores, sistemas de seguridad y vías", detalla el director de la concesionaria del transporte público, José Ignacio Prada.
En estos años Tranvías solicitó al Concello el abono de lo adeudado. "Ante la falta de respuesta tanto sobre el abono de las facturas como del futuro del servicio, se determinó a finales de 2014 notificar al Ayuntamiento que la compañía debía suspender los trabajos de mantenimiento hasta recibir el pago de lo adeudado", explica Prada. A partir del año siguiente la empresa solo mantuvo los gastos de electricidad, agua y alarma en un servicio del que no hacía uso ningún ciudadano.
Desde 2015 Tranvías ha alertado al Concello del "deterioro progresivo" de las instalaciones del tranvía turístico por su falta de mantenimiento, además de algunos actos vandálicos en los vehículos guardados en cocheras. En este tiempo la empresa también ha seguido abonando los gastos de electricidad y alarma. La Administración local, según asegura la concesionaria, sigue "sin enviar a la empresa notificaciones sobre los gastos acumulados ni sobre el futuro del servicio", razones por las que ha decidido recurrir a la vía judicial para reclamar el abono de sus servicios en una transporte sin uso desde hace más de ocho años y sobre el que el Concello no ha anunciado planes definitivos.
El Gobierno local del PP ordenó en julio de 2011 la suspensión del servicio tras detectar daños en las vías, concretamente a la altura del edificio de Hacienda, en el Orzán, que podrían afectar a la seguridad. Los desperfectos fueron detectados por los técnicos municipales encargados del mantenimiento de las instalaciones después de que se registrase un leve descarrilamiento, que no causó heridos, en el desvío del raíl en la zona del aparcamiento del paseo marítimo. El servicio no volvió a ponerse en funcionamiento en ningún tramo de su trazado, que va desde las Esclavas hasta el muelles de As Ánimas, debido al elevado coste de reparación de las vías. El PP no tomó ninguna decisión antes del cambio de Gobierno y Marea no llegó a aclarar qué planes tenía respecto al tranvía cuando gobernaba. El PSOE, de momento, tampoco lo ha hecho.
Tarjeta Millennium
La Junta de Gobierno Local también aprueba hoy el personamiento en otro recurso interpuesto por la Compañía de Tranvías por el pago de facturas ordinarias, por importe de casi 3 millones de euros, que considera que el Concello debe abonar por asumir la parte que le corresponde financiar de la tarjeta Millennium y los bonos sociales del transporte público entre octubre de 2017 y diciembre de 2018. Este pago, no obstante, está incluido en el suplemento de crédito que el pleno aprobó el pasado 31 de julio y que la concesionaria, informa, ha recibido este lunes.
Estos nuevos pleitos se suman a otros que también enfrentan al Ayuntamiento y a Tranvías. Tras desestimar el Gobierno de Marea el recurso de reposición de la empresa contra la decisión de dar por finalizada la concesión, Tranvías recurrió ante el juez para defender la vigencia de su contrato hasta 2024. La bajada de la tarifa del bus en 10 céntimos también fue llevada por la concesionaria al juzgado, al que pidió su suspensión cautelar, que se le negó.
