La reactivación del proceso de creación del área metropolitana que pretende poner en marcha el Gobierno local coruñés tras el acuerdo entre PSOE y Marea cuenta desde julio de 2017 con un documento que servirá de guía para la elaboración del anteproyecto de ley que debe ser enviado al Parlamento gallego. El informe elaborado por los profesores de Derecho de la Universidade da Coruña Carlos Amoedo, Victoria de Dios Viéitez y Santiago Roura analiza las experiencias de las áreas metropolitanas de Barcelona y Vigo, así como la legislación existente y efectúa una propuesta de competencias que el futuro organismo debería asumir y del proceso para que pasen al mismo desde las instituciones que ahora las poseen.

El texto fue encargado por el anterior Gobierno local a la Universidad y en el actual mandato cobra una especial relevancia por el hecho de que uno de sus autores, Santiago Roura, ocupa ahora el cargo de coordinador xeral municipal, por lo que mantiene un contacto continuo con la alcaldesa, Inés Rey.

El informe plantea que el nuevo organismo disponga de una asamblea con 51 representantes de los diez municipios, de los que A Coruña tendría 21 a pesar de contar con el 60% de la población. La finalidad de esta reducción es evitar la monopolización del área metropolitana por la ciudad, temor que siempre ha existido entre las localidades del entorno. La asamblea tendría un presidente que debería ser uno de los alcaldes de los municipios integrados, así como una o más vicepresidencias.

También se propone la creación de una Junta de Gobierno Metropolitana, un Consejo o Mesa de Alcaldes, comisiones de cooperación con la Xunta y la Diputación para el traspaso de transferencias y, de forma opcional, una dirección general o gerencia del área metropolitana.

Tras repasar los campos en los que desarrollan su actividad los organismos metropolitanos de Barcelona y Vigo, los autores del informe detallan cuáles son, a su juicio, las competencias que debe ejercer el que se intenta crear enA Coruña. "Quizá la competencia más genuinamente metropolitana sea la de movilidad, pues esta sirve al fenómeno metropolitano al tiempo que lo refleja", señalan los expertos, quienes plantean incluso la creación de una Autoridad Única de Transporte que coordine la política sobre esta materia en los municipios integrados y la redacción de un Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible.

La relevancia que tiene el transporte público en el contexto metropolitano llevó en el pasado mandato a los alcaldes socialistas a defender que antes incluso de constituir un organismo comarcal se intentase coordinar esta actividad entre todos los municipios. Ese argumento sirvió al PSOE coruñés para justificar su negativa a apoyar en el pleno la solicitud a la Xunta de la ley del área metropolitana, que tras el acuerdo alcanzado esta semana en el Concello con Marea Atlántica, será finalmente aprobada en el pleno del próximo jueves.

El informe de los expertos considera íntimamente relacionada la política de transporte con la ambiental, por lo que defiende que el área metropolitana también cuente con competencias en ese campo. También relacionada de forma directa con la movilidad la ordenación del territorio, las infraestructuras y el urbanismo, materias que propone asumir y, además, de forma que el área metropolitana cuente con "capacidades de intervención intensas", a pesar de que la política urbanística corresponde a cada uno de los ayuntamientos. La apuesta de los autores del informe se traduce en la defensa de un Plan Director Urbanístico Metropolitano que se encargue de desarrollar las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia.

El documento advierte de que el anteproyecto de ley debe prever si el área metropolitana asume las competencias de vivienda, en especial las de la protegida, una materia que ejerce la entidad de Barcelona pero que no tiene claramente definida la de Vigo.

Para los profesores responsables del informe, la gestión del agua en la comarca coruñesa es ya un "servicio metropolitanizado", ya que el abastecimiento lo presta la Empresa Municipal de Aguas de la ciudad y la depuración la lleva a cabo la compañía que gestiona la depuradora de Bens. Estos factores favorecen que el área disponga de "amplias competencias" en este campo, según sugiere el texto.

Residuos

Lo mismo sucede con la gestión de los residuos, que en la comarca se realiza a través del Consorcio As Mariñas y destina los desechos a la planta de tratamiento propiedad del Concello coruñés, aunque la reciente salida de Arteixo de este sistema será una dificultad que deberá afrontar el organismo metropolitano.

La promoción económica y el empleo es una competencia que se propone adquirir para complementar las políticas de urbanismo y ordenación del territorio, mientras que sobre la gestión de los servicios sociales el informe señala que la situación de cada municipio de la comarca es muy diferente, pero que sería posible coordinarlos con carácter metropolitano y en colaboración con la Xunta.

La extinción de incendios también se realiza ya de forma integrada en la comarca a través de los parques de bomberos de Arteixo y Betanzos, que cuentan con la colaboración del coruñés cuando es necesario, por lo que se propone que el área metropolitana gestione en esta zona los medios del Consorcio Provincial de Bomberos o que coordine su actividad con la Diputación, de la que depende en la actualidad.

El documento plantea además que la protección civil y la promoción turística y cultural también se gestionen de forma conjunta en los diez municipios a través del área metropolitana.

Para hacerse cargo de las competencias que ahora ejerce cada municipio, los plenos de los ayuntamientos deberán aprobar su cesión al área metropolitana. Para las que corresponden a la Diputación y la Xunta habrá que crear comisiones mixtas en las que se negocie su transferencia, así como los recursos necesarios para gestionarlas. Sobre la financiación del nuevo órgano, el informe recuerda que el de Vigo fue creado con la idea de que no genere nuevos gastos, pero para A Coruña se plantea elaborar un estudio sobre su repercusión económica.