Intervención General del Estado constata cómo las concejalías de Contratación y Cultura anularon un concurso para un servicio en el Ágora y se volvió a convocar con nuevas condiciones y cómo los cambios entre uno y otro concurso "se ajustaron a lo establecido" en una conversación telefónica mantenida "días antes" entre una alta funcionaria y José María Tutor. Tutor era el jefe en Galicia de Vendex, que tenía numerosas concesiones en el Concello. Ocurrió en primer semestre de 2012, durante el primer año de mandato del PP. Intervención destaca también cómo se excluyó a la empresa con más puntuación, sin base legal para hacerlo y sin darle audiencia, y la filial de la empresa epicentro de la operación Pokemon resultó ganadora. El órgano cuestiona además otras dos contrataciones en el Ágora, todas con la misma empresa como adjudicataria final y una de ellas durante el Gobierno bipartito.
El órgano ha detectado varias irregularidades en concursos en el centro sociocultural y en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en el transcurso de una investigación realizada a petición del juzgado número 1 de Lugo, desde donde Pilar de Lara instruía la operación Pokemonoperación Pokemon. La magistrada solicitó que el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda analizase dichas licitaciones en noviembre de 2017. Sus conclusiones llegaron a Lugo el pasado 10 de septiembre.
El contrato alterado tenía por objeto los servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento del Ágora. La conversación telefónica, pinchada durante la instrucción y que fue facilitada a Intervención del Estado, tiene lugar días antes de aprobarse los nuevos pliegos de contratación e incluso antes de la anulación del concurso primigenio. La llamada se registra el 31 de enero de 2012, cuando la jefa de Contratación del Concello habla con Tutor y según recoge el sumario judicial, "Tutor le dice que habló con estas dos chicas por la mañana y que las dos le preguntaron qué podían sacar para que esto no falle (...). Que hablaron del tema del idioma (por el problema que puede presentar a la hora de contratar) y del tema de las horas (ella dijo de bajarlo a 500) y del tema de la mejora (lo mismo, bajarlo a otras 700 o mil), que también le dijo lo de los puntos y del comité de expertos".
¿Qué proponen cambiar la funcionaria y Tutor? El idioma, las horas y las mejoras. ¿Qué cambios percibe Intervención del Estado tras analizar los dos concursos? "El idioma, el número de horas complementarias y la mejora". "Dichos cambios se ajustan a lo establecido en la llamada telefónica efectuada (...) días antes de que los nuevos pliegos fueran firmados y de que el anterior proceso fuera anulado", escribe Hacienda. El 6 de febrero se aprobaban los nuevos pliegos y el 9 de marzo desistían del procedimiento anterior.
Según el sumario, los teléfonos volvieron a levantarse en junio por este concurso, tres días después de abrir las propuestas económicas de las siete empresas que se presentaron. Esta vez la interlocutora de Tutor, el 18 de junio de 2012, fue la jefa del servicio de Cultura. "[La funcionaria] le dice que "aquí lo nuestro a ver lo que podemos hacer, hay un pequeño problema", que a ver si pueden excluir a una porque hizo una oferta muy baja. Tutor le dice que bueno, que le están dando una vuelta, que otra opción era suspenderlo todo. [La funcionaria dice que está loco, que eso no se puede hacer (...)". El 9 de julio, Tutor habla con un colega y le dice que "salvaron el Ágora y que no se lo puede contar así, que fue por la tremenda porque no le cubría, que se lo dijeron tres veces y que al final lo retorcieron para poder".
Intervención del Estado analiza cómo se desarrolló el procedimiento y cómo, efectivamente, se excluyó a una empresa que había ofrecido una baja económica mayor que la de Pau Aseos Urbanos (filial de Vendex) y tenía que haber ganado el contrato, Imesapi. El informe del órgano de control concluye que, en el caso de la valoración técnica, "no es posible conocer los criterios utilizados por la jefa del servicio de Cultura para la valoración de las distintas ofertas técnicas ni calcular la puntuación final obtenida por cada una de ellas". "Cabe resaltar que la oferta que mayor puntuación recibió fue PAU, sociedad representada por José María Tutor", indica Intervención del Estado.
El mismo órgano señala que la exclusión de la mejor oferta económica, planteada por Imesapi y declarada como "temeraria", no tiene base legal en la ley de contratos públicos ni tampoco se ajusta al pliego de condiciones, que no especifica, como justificó a posteriori la jefa de Cultura, que cualquier oferta por debajo de los 232.258 euros no serían suficientes para cubrir el servicio. "En la conversación telefónica del 18 de junio [entre tutor y la jefa de Cultura] reconocían que la oferta de Imesapi no reunía los requisitos para que pudiera ser declarada como temeraria", señala Intervención del Estado, "a pesar de ello [la funcionaria] elabora el informe y lo defiende ante el interventor como así se desprende de la conversación telefónica del 5 de julio de 2012 entre ella y Tutor".
