En una zona llamada a ser uno de los polos económicos y vecinales de la ciudad, según los responsables políticos de principios de siglo, la situación de provisionalidad dura más de un decenio. Y no solo porque no están levantadas ni un tercio de la torres previstas en aquella "Castellana coruñesa", que bautizó Francisco Vázquez. Su equipamiento estrella, el recinto ferial, no ha sido capaz de resolver sus problemas. Se inauguró en febrero de 2008 después de acumular un sobrecoste millonario pero, a día de hoy, ni están recepcionadas las obras ni la actividad y los ingresos son los planificados cuando se concibió. Tampoco sus estatutos han sido aprobados. En el último capítulo, lleva casi seis meses sin gerente desde que se jubiló el anterior. Así sobrevive un recinto que se presupuestó en 22,2 millones de euros pero cuyo precio final costó 37,2, dinero público que todavía se sigue pagando.

Los estatutos aún sin aprobar tienen que reglar quién manda, quién nombra al gerente pendiente de sustitución y cómo se reparte el poder en los órganos de dirección. En eso están la Xunta y el Gobierno local, que forman parte del patronato de la fundación, al igual que la Diputación. Discrepan de la valoración de los terrenos que cedió el Concello sobre los que se asienta el recinto y también sobre si las plazas colindantes al recinto forman parte de la cesión de suelo municipal para el complejo. El patronato está presidido por el conselleiro de Industria. En 2018, aprobó que la tasación de la parcela era de nueve millones, cantidad con la que el anterior Gobierno local estaba en desacuerdo. Expocoruña también consideraba que la aportación del Concello incluía las plazas colindantes, que en el plan general figuran como suelo municipal público.

La tasación de la parcela tiene una consecuencia directa dentro de la fundación responsable del recinto ferial: las cuotas de poder, que se reparten en función de la aportación inicial de cada administración. La pretensión del anterior Ejecutivo era alcanzar un mayor grado de intervención en las instalaciones frente a la Administración dominante, la Xunta de Galicia, que se reserva la potestad de nombrar la gerencia. Con el cambio de guardia en María Pita, el Ejecutivo socialista estudia ahora el conflicto pendiente de resolver. La propuesta de estatutos con la que se encontraron en las reuniones mantenidas desde julio está en manos de los servicios jurídicos y han solicitado las actas para comprobar qué se votó y quién votó qué.

Entretanto, la actividad sigue su curso, solo con una administrativa y un técnico de mantenimiento como personal directo. El ejercicio 2018 cerró con menos actividades de las planificadas.