Hasta que A Coruña pueda estrenar su área metropolitana pasarán aún unos cuantos meses, quizá incluso algún año. El primer paso para conseguir esa meta se dio este pasado jueves en el Pleno, con el apoyo de PSOE, Marea, BNG y Ciudadanos y con la abstención del PP, que criticó el modelo, tildándolo de "chiringuito" y de poco eficaz, a pesar de no haber nacido todavía. Pero quedan todavía muchos más pasos por dar.

El texto que se aprobó el jueves en María Pita incluye que la Comisión Especial para el Área Metropolitana „presidida por el concejal de Marea Atlántica Iago Martínez„ redacte una propuesta de anteproyecto de ley antes de que acabe el primer semestre del próximo año en el que esboce cómo quiere que sea el área y para que, después, traslade ese documento a la Xunta y al Parlamento de Galicia.

El coordinador municipal del Concello, uno de los redactores de los estudios que hizo la Universidade da Coruña durante el pasado mandato para la puesta en marcha del área metropolitana, Santiago Roura, explica que no es necesario este paso previo de la redacción de la propuesta, aunque, una vez que la Xunta toma conocimiento de que hay un interés por crear un ente supramunicipal en la zona, es "importante" que sus miembros planteen, a modo de borrador, cómo les gustaría que fuese.

En esta propuesta de anteproyecto estarán contenidos temas como la financiación del área metropolitana, sus competencias y cuáles serán sus miembros.

Iago Martínez explica que, primero, decidirán en el seno de la comisión „en la que solo están representados los partidos de la Corporación de María Pita„ cómo serán sus reuniones, para convenir si invitan a expertos para que den su opinión sobre cómo redactar la propuesta o si, por ejemplo, abren sus puertas a los demás Concellos para que puedan aportar sus opiniones en las sesiones especiales.

La comisión empezará a trabajar sobre la idea de que formen parte del área metropolitana, además de A Coruña, los concellos que integran el Consorcio As Mariñas: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, aunque esa configuración podría, si así se recoge en el texto de la propuesta, ser flexible y aumentarse y reducirse con el paso del tiempo o con la gestión de distintos servicios.

A partir de ahora, las decisiones que se tomen no tendrán que ser ya sometidas a pleno, aunque, según confiesa Martínez, tratarán de que el texto reúna el mayor consenso posible porque defiende que, cuanto más apoyo tenga el trámite previo, más facilidades tendrá para prosperar la propuesta en el Parlamento. Tampoco es necesaria la puesta en marcha de un proceso participativo, aunque durante el mandato anterior, se realizaron reuniones en los diferentes Concellos, de modo que se podría aprovechar ese trabajo o realizar otro, si hay presupuesto para ello.

Roura incide en que, para que el anteproyecto de ley pase a ser un proyecto de ley aprobado por el Consello de la Xunta, tendrá que pasar por muchos trámites, entre ellos, un plazo de alegaciones, cuando se cuelgue el documento en la web. Será la Consellería de Presidencia la que abra el proceso de consultas, no solo a particulares y colectivos, sino también a sus propios departamentos, que tendrán que dar su visión, "como en cualquier otra ley".

Si el texto, una vez que se hayan incorporado las alegaciones aceptadas, recibe el visto bueno del Consello de la Xunta y es remitido al Parlamento para su futuro debate, también ahí, se pueden hacer propuestas a través de las enmiendas de los grupos.

Será, según indica Roura, la Comisión Primera del Parlamento, la que reciba este documento y la que forme una ponencia con representación de todos los parlamentarios, para, después, debatir el documento y sus enmiendas. A partir de ahí, como relata Roura, pasará al Parlamento, donde también será posible modificar el texto a través de enmiendas. Una vez que el Concello envíe su propuesta de anteproyecto de ley perderá el control sobre los plazos y la demanda de la creación del área metropolitana, ya que es el Parlamento gallego el que legisla. Si la ley sale adelante, en su contenido tendrá ya reguladas la transferencia de las competencias y su financiación, entre otras cuestiones, y entrará en vigor tras su publicación.