El Tribunal de Cuentas admite a trámite la demanda del ex concejal socialista José Manuel Sánchez Penas en el procedimiento abierto por el órgano por una posible responsabilidad patrimonial derivada de las obras del puerto exterior. La instrucción del tribunal cuantificó esta posible responsabilidad en 213.000 euros, una reclamación que dirige a partes iguales al presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y el director de Infraestructuras, Fernando Noya. Sus letrados intentaron excluir del procedimiento al demandante particular pero la sección que enjuiciará el asunto lo rechazó. La Abogacía del Estado, en representación de Puertos del Estado y de la propia Autoridad Portuaria, renuncia a formar parte de la demanda por no sentir vulnerados los intereses de ambas entidades pero sí solicita estar personada.
La demanda de Sánchez Penas se dirige en exclusiva contra Enrique Losada y excluye a Fernando Noya. Ahora le toca pronunciarse al Ministerio fiscal competente, para que confirme si habrá o no acusación pública en el procedimiento de reintegro. Si se adhiere, ambos señalados por la instrucción de Cuentas tendrán que dar explicaciones. Si no se suma, solo quedará en el procedimiento Enrique Losada como único vinculado por la demanda particular.
La instrucción de Cuentas, que una vez finalizada fue asignada a la Sección de Enjuiciamiento número 2 del mismo órgano, concluye que el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y el director de Infraestructuras del mismo organismo, Fernando Noya, son responsables de pagos irregulares a una empresa por dirigir los trabajos del puerto exterior entre 2008 y 2011, cuando quien firmaba las certificaciones de obra era el propio Noya, razón por la que reclama a ambos el abono de 213.435 euros. El contrato fue firmado en el año 2007 por el anterior presidente del Puerto, Macario Fernández-Alonso „quien posteriormente podría tener que afrontar también su responsabilidad en este caso„ aunque Cuentas dedica ahora su acción contra Losada por mantener los pagos a la empresa desde que se hizo cargo de la presidencia en 2009 y hasta diciembre de 2011.
El presidente, que cumplió diez años en el cargo el pasado junio, y el director de Infraestructuras tuvieron que abonar ya una fianza antes del inicio del juicio para hacer frente a su posible responsabilidad, tal y como recoge la ley. Las supuestas irregularidades fueron descubiertas durante la fiscalización de las obras de punta Langosteira realizadas entre 2012 y 2014.
La Sección de Enjuiciamiento que dirige el proceso considera procedente admitir la demanda de José Antonio Sánchez Penas, en contra de los argumentos de los letrados de Losada y Noya para que fuese inadmitida. Desde la emisión de este decreto, notificado el pasado 4 de octubre, el Ministerio fiscal tiene veinte días para tomar una decisión de adherirse o no a las pretensiones de la demanda.
Una vez decidido, la misma sala "dictará resolución emplazando a los demandados para que contesten a la demanda y, en su caso, a las pretensiones que formule la acusación pública". El particular deja fuera a Noya al entender que "la competencia en disposición de gastos, dirección de servicios y control de la actividad, así como de control normativo, es exclusiva del presidente, hallándose subordinado al mismo en cuanto a la disposición de gasto (exclusiva competencia presidencial)". Por ello, afirma en su escrito, "no cabe considerarlo responsable por alcance".
"Un tema de Perogrullo"
Losada rechaza su responsabilidad en las posibles irregularidades. Tras las informaciones publicadas por este periódico, el presidente portuario ofreció una rueda de prensa en la que destacó que el contrato para la dirección de las obras de punta Langosteira se firmó más de dos años antes de que él accediese al cargo y que solo conoció que podía ser irregular cuando Cuentas se lo comunicó. "Me parece terriblemente injusto que a alguien que pasaba por allí se le atribuya esto", sentenció. El presidente negó que esté preocupado por la decisión del tribunal porque considera que se trata de "un tema de Perogrullo" y manifestó que no tiene "ninguna duda" sobre cuál será su desenlace.
En su argumentación, los abogados de Sánchez Penas recogen las conclusiones de la instrucción del Tribunal de Cuentas, que relata que en 2007, el Puerto efectuó una modificación de la asistencia técnica que había contratado para el control de la ejecución de las obras con la unión temporal de empresas Langosteira Supervisión para incorporarle también la dirección de las mismas por un importe de 1,1 millones. El tribunal considera que en realidad no se produjo una modificación del contrato, sino que se elaboró "uno nuevo y distinto".
Para justificar la necesidad de cambiar el contrato, el Puerto argumentó que en 2007 comenzaría la construcción del dique principal de Langosteira y que era preciso "contar con un director de obra dependiente de la Subdirección General de Infraestructura, con dedicación exclusiva a la obra". Desde abril de 2007, fecha en la que se formalizó el contrato, hasta diciembre de ese mismo año en las certificaciones de obra del proyecto de Langosteira apareció como director el ingeniero Enrique García Ferro, perteneciente a Langosteira Supervisión. Pero en enero de 2008 volvió a figurar como responsable de la obra Fernando Noya, aunque los pagos a la empresa que tenía contratado a García Ferro, continuaron hasta el final de los trabajos, ya durante el mandato de Enrique Losada al frente de la Autoridad Portuaria.
