El pleno municipal aprobó en enero de este año de forma provisional la recalificación de La Solana como suelo público, una modificación urbanística que tiene como finalidad evitar operaciones especulativas con la venta de esos terrenos. Todos los grupos la apoyaron salvo el PP, que se abstuvo. Desde aquel momento, el Concello solo debía esperar la ratificación del cambio en el plan general, de suelo privado a suelo público, por parte de la Xunta, pero esa validez definitiva aún no se ha producido nueve meses después del acuerdo plenario y tendrá que esperar un poco más. Reparos apuntados en sus respectivos informes por la Demarcación de Costas y la Dirección Xeral de Patrimonio han retrasado la recalificación final.
Los órganos estatal y autonómico emitieron sendos informes favorables sobre la modificación urbanística en La Solana, aunque con fallos "subsanables", explican fuentes municipales. El Gobierno local socialista se encontró con estos dictámenes en junio y hasta septiembre los técnicos municipales corrigieron los reparos y devolvieron los informes a Costas y a Patrimonio para su revisión. El departamento de la Xunta informó de nuevo al Concello de que las correcciones eran adecuadas, por lo que, por su parte, despeja el camino hacia la recalificación definitiva. Pero Costas todavía no ha comunicado si las subsanaciones, que conciernen a las servidumbres de acceso al mar en la zona, son las adecuadas.
Si la Demarcación de Costas acepta las correcciones municipales sobre este aspecto, el Gobierno local volvería a llevar a pleno la protección de La Solana mediante su recalificación de suelo privado a suelo público para su aprobación definitiva y entrada en vigor. De esta manera, los terrenos, que son propiedad de la Autoridad Portuaria, serían de dominio público. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, comentó en el último pleno que hasta que el expediente no esté "inmaculado" y, por tanto, se evite cualquier problema urbanístico que pueda surgir en el futuro, el Concello no llevará la recalificación al último paso del proceso, algo que desea que se produzca a finales de este año.
El BNG en la Corporación municipal denunció en 2013 que el PP, que entonces constituía el Gobierno local, había introducido un cambio a última hora en la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal al pasar La Solana de tener una calificación de sistema general de espacios libres de titularidad pública a espacio libre privado en la categoría de parque deportivo. Años después, en 2017, el Puerto anunció su intención de subastar el complejo polideportivo y el hotel Finisterre, operación con la que obtendría ingresos para costear las obras de la dársena exterior de punta Langosteira. La concesión de las instalaciones, que finaliza en 2027, está en manos de Inmobiliaria Río Mero, que había firmado con el Puerto un acuerdo para comprometerse a pagar 10 millones de euros por las parcelas de La Solana y el hotel Finisterre.
El Gobierno local de Marea Atlántica respondió a las intenciones de la Autoridad Portuaria en el anterior mandato con la presentación de una oferta para la adquisición por expropiación de la parcela de La Solana por 1,4 millones de euros „el valor al que fue tasado por el Puerto„, así como con el cambio del plan general para dificultar una posible privatización de los terrenos. El proceso, al que trató de oponerse el Puerto y la concesionaria de las instalaciones con alegaciones rechazadas por el Concello, culminó por parte municipal el pasado mes de enero con la aprobación provisional de la modificación en el pleno, aunque todavía espera la ratificación de la Xunta tras subsanar los reparos señalados por Demarcación de Costas.
Reforma de las instalaciones
Mientras el Concello aguarda por certificar la calificación de La Solana como suelo público, en las instalaciones ha habido reformas rodeadas de polémica. El Gobierno local anterior paralizó en 2015 las obras de ampliación del gimnasio sobre el terreno antes ocupado por las pistas de tenis que había autorizado el Ejecutivo popular. El BNG y la plataforma cívica Defensa do Común, denunciaron la concesión de la licencia por el impacto de los trabajos en el entorno, ya que argumentaron que el nuevo edificio no permitiría ver la lámina del mar desde distintos puntos de O Parrote. Las obras se retomaron en 2018 y están a punto de terminar. El Gobierno local socialista revisó la licencia y concluyó, tras no poner objeciones Patrimonio, que la reforma podía finalizarse porque se ajusta al planeamiento municipal. La Lei do Solo, en cambio, veta las construcciones que limitan la contemplación del paisaje.
