El próximo lunes se cumplirán catorce meses del inicio de la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe sin que se conozca cuándo concluirá este trámite, imprescindible para que el Ministerio de Fomento pueda licitar la ejecución de esta obra, cuyo coste se estima en 24,5 millones de euros y con la que se pretende mejorar la movilidad en el área metropolitana, ya que cada día circulan por este punto 90.000 vehículos. El ministerio decidió efectuar esta tramitación al mismo tiempo que la redacción del proyecto constructivo, que se adjudicó en 2017 a las empresas Iceacsa, Proyfe y Carlos Fernández por 573.488 euros y con un plazo inicial de catorce meses que posteriormente se amplió.
La alcaldesa, Inés Rey, y el delegado del Gobierno, Javier Losada, manifestaron a finales de junio su intención de que esta obra se pusiera en marcha, aunque no mencionaron ninguna fecha en la que esperaban que se consiguiera. La incertidumbre política motivada por la falta de gobierno, que se tradujo en la convocatoria de nuevas elecciones generales, contribuyó a la ausencia de impulso en Madrid a esta iniciativa.
Fomento aludió el pasado verano a la necesidad de que más de cincuenta organismos públicos y entidades aportasen informes para explicar la demora en la realización del estudio de impacto ambiental, para el que no había fijada una fecha de conclusión cuando se puso en marcha en agosto de 2018. La ejecución de la obra sobre la ría de O Burgo hace que no solo se vean implicados los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros, en cuyos territorios se asientan los extremos del puente, sino también los de Culleredo y Cambre por las posibles repercusiones de los trabajos en sus demarcaciones.
La administración autonómica también tendrá que elaborar informes sobre esta actuación al disponer de las competencias sobre medio ambiente, salud pública, patrimonio natural o movilidad, mientras que la administración central aportará su visión del proyecto a través de los documentos que envíen el Ministerio de Transición Ecológica, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Delegación o del Gobierno en Galicia. A todos estos informes se sumarán los que elaboren los organismos científicos que investiguen sobre la biología marina, así como los colectivos ecologistas consultados por Fomento.
Aunque el trámite ambiental todavía no ha concluido, Fomento descarta ya que la ampliación del puente de A Pasaxe vaya a causar efectos negativos en el entorno, entre los que menciona los bancos marisqueros de la ría y las aves acuáticas, aunque admiten que el nivel de ruido causado por el tráfico será superior al actual en alguno de los tramos de la nueva infraestructura.
La ampliación del puente coincidirá con otro proyecto que espera por su ejecución en la misma zona, la regeneración de la ría mediante la extracción de los sedimentos contaminantes depositados en su fondo. La actuación cuenta ya con proyecto, pero su financiación está a la espera de que se resuelva el problema de la captación de fondos europeos por parte del Gobierno central.
Fomento anunció el aumento de la anchura del viaducto de A Pasaxe en la primavera de 2015, año en el que también se realizaron estudios para comprobar que soportaría la ejecución de los trabajos, ya que tiene más de cuarenta años de antigüedad. En octubre se abrió la licitación para redactar el proyecto, aunque tuvo que suspenderla en 2016 al apreciarse defectos de forma.
Ocho carriles
La ampliación consistirá en la construcción sobre la ría de una plataforma adosada a la actual por el lateral que mira hacia Santa Cristina. Esto permitirá pasar de los seis carriles de circulación actuales a los ocho, así como disponer de aceras más anchas y de carril bici. Los cálculos de Fomento fijan en dos años el tiempo que se tardará en construir el nuevo puente, que obligará a demoler en Perillo el edificio Copigal, así como a construir un túnel en la rotonda de Santa Cristina y un viaducto, de forma que el tráfico discurrirá en cuatro niveles diferentes.
La ausencia del proyecto constructivo hace que todavía se desconozca la indemnización que habrá que abonar por el derribo del edificio Copigal y por el cese de la actividad de los negocios instalados en el mismo. Las obras tendrán importantes consecuencias también para el tráfico durante su desarrollo, por lo que Fomento prevé aplicar un plan especial para paliar los efectos negativos que causarán en esta zona, donde también será necesario ampliar la cobertura de la línea del ferrocarril que pasa cerca del puente actual.
