16 de octubre de 2019
16.10.2019
La Opinión de A Coruña

El Concello revisa por fallos propios 65 becas comedor de las 1.676 denegadas

El Gobierno municipal estudia introducir cambios en la próxima convocatoria para favorecer que más familias accedan a las ayudas

15.10.2019 | 21:40
Comedor escolar del colegio Zalaeta.

El plazo de alegaciones de las becas comedor se ha ampliado hasta el 24 de octubre. En este tiempo, solo podrán aportar documentación 65 familias, que son las afectadas por los errores imputables a la Administración. Es decir, que en el periodo de subsanación de errores, el Concello les pidió una documentación y no toda la que les faltaba o entendía que estaba mal presentada, por eso, ahora, podrán completar su expediente.

Las demás familias que se han quedado fuera de la convocatoria de estas subvenciones „técnicamente ya no son ayudas„ podrán, en este plazo, solicitar la revisión de su expediente con un técnico por si ha habido algún error, pero no podrán aportar más información.

La concejal de Servicios Sociales, Yoya Neira, explicó ayer que este año la convocatoria ha tenido muchas más solicitudes que el anterior. En total, 1.992 expedientes para la petición de 2.876 becas comedor, frente a los 1.471 para 1.670 becas del año pasado. Neira comentó ayer que, a diferencia de la convocatoria del curso 2018-2019, más de la mitad de las solicitudes (1.103) eran para la renovación automática de la ayuda. Entonces, no era necesaria la revisión de los expedientes, ya que las familias declaraban que nada había cambiado en su situación respecto al año anterior, de modo que se convertían en beneficiarios de las becas comedor.

En la convocatoria de este año, según explicó Neira, se han tenido que estudiar las 2.876 solicitudes de becas. Finalmente, se denegaron 1.676, de las que, 211 fueron por deudas „ya que la nueva ley de subvenciones exige estos datos„ y unas 60 por fallos de la Administración y de modo que estas podrán pasar a engrosar la lista de las admitidas una vez que se acabe el periodo de alegaciones, que se cerrará el 24 de octubre y no el 31 tal y como publicó este diario ayer por error. Unas 1.200 no aportaron ningún tipo de documentación.

El Concello recibió ya 255 alegaciones, la mayoría de ellas para consultar el expediente y conocer las razones de su exclusión de la lista provisional de admitidos.

Neira aseguró ayer, tras la reunión de la Comisión de Benestar, que el Concello está estudiando ya las leyes, tanto autonómica como la estatal, que regulan las subvenciones para ver si se puede hacer alguna excepción en el futuro para que los requisitos sean más laxos y se puedan conceder más becas comedor, ya que los beneficiarios son menores. Neira avanzó también que, una vez que se hayan resuelto las becas, Servicios Sociales hará un seguimiento individualizado de los casos que se han quedado fuera, para garantizar que los menores están bien alimentados a pesar de carecer de este recurso y que no se quedan sin protección.

La concejal de Marea Atlántica Silvia Cameán, a petición de Neira, convocó la Comisión de Benestar, y propuso una solución diferente al problema: que se adjudicasen las ayudas que están fuera de toda duda y que se abriese un nuevo plazo de subsanación de errores, en el que todas las familias excluidas „independientemente del motivo„ pudiesen aportar información e, incluso, ponerse al día con la Administración y acreditar que no tienen deudas. Esta idea no fue aceptada por el Gobierno local, ya que alega que hubo ya un plazo abierto para requerir más documentación y no la aportaron.

Neira adelantó ayer que su departamento está redactando ya las nuevas bases de la convocatoria para poder sacarlas una vez que el presupuesto esté aprobado de forma definitiva y para que no vuelva a empezar el curso sin que cada familia sepa si tiene concedido este recurso.

Cada vez, son más las solicitudes que recibe el Concello para las becas comedor, según Neira, y, también, la complejidad de los casos a valorar, ya que hay que tener en cuenta variables como que los progenitores que estén separados, o parejas que tienen hijos en común pero que conviven con menores de relaciones anteriores o abuelos y abuelas que son la unidad familiar de los beneficiarios. Neira se quejó de que la Xunta no les facilitó inmediatamente el acceso a los datos de los vecinos que le habían autorizado a consultar su expediente.

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