La resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia que anuló la adjudicación del contrato de recogida de residuos de A Coruña a las empresas FCC e Ingeser Atlántica lleva al Gobierno local a plantearse el reiniciar por completo la licitación, lo que demoraría aún más que el servicio se preste de forma regular, ya que carece de contrato desde enero de 2017. El Ejecutivo municipal sopesa ahora "arrancar de cero" todo el procedimiento al entender que el impulsado por Marea Atlántica en el anterior mandato "parece bastante chapucero".

El origen de la licitación durante el anterior mandato centra la argumentación socialista sobre la anulación, ya que ayer manifestó "todo el proceso se tramitó bajo gobierno de Marea", a pesar de que la adjudicación fue efectuada por el PSOE el pasado 5 de agosto. Pero el Gobierno local considera que si en esa fecha no se adjudicaba el contrato a FCC podría "estar prevaricando" por no haber "ninguna base legal para evitar culminar el proceso".

Según los socialistas, la Junta de Gobierno Local adjudicó de acuerdo con la propuesta realizada por la Mesa de Contratación al final del anterior mandato, "después de tres años de procedimientos y tramitación bajo gobierno de Marea". El Ejecutivo estima que se limitó "a cumplir con la legalidad y dar trámite final a la adjudicación", a lo que añade que conocía la posibilidad de que se presentasen recursos por parte de las empresas concursantes, como finalmente sucedió, e incluso que el procedimiento acabara en los juzgados, eventualidad que la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, ya hizo pública en este periódico recientemente.

Marea expresó ayer su respeto a la decisión del tribunal y destacó que el procedimiento se guió "por decisiones técnicas, no políticas". También puso de relieve que la resolución "no cuestiona ni los pliegos del concurso ni la valoración de las ofertas, sino la no exclusión de la oferta de FCC". Para esta formación, debe proseguirse la licitación del contrato, de la que dice que dejó "muy avanzada" durante el pasado mandato y que es "necesariamente compleja" porque el servicio llevaba 50 años sin modificarse. Marea resaltó además que cuando se adjudique, el nuevo contrato supondrá "importantes mejoras en cuanto a reciclaje, renovación de contenedores y camiones o reducción del ruido".

La mesa de contratación admitió la oferta de FCC después de analizar informes de técnicos municipales que en un caso defendían aceptarla y en otro no. Este órgano municipal estuvo formado por la entonces concejala de Facenda, Eugenia Vieito, de Marea, como presidenta, y con el interventor municipal, la directora de la asesoría jurídica y la jefa del servicio de Contratación, como vocales.

El tribunal de contratos rechazó que se adjudicase el contrato a la unión temporal de FCC e Ingeser al considerar que la parcela que habían propuesto para acoger el parque de maquinaria del servicio de recogida no solo no era apta desde el punto de vista urbanístico, sino que además no era de su propiedad y ni siquiera había un compromiso formal para su adquisición. Esta resolución implicaría que la segunda oferta mejor clasificada, la de la firma Copasa en alianza con Geseco y Setec Building, fuese la vencedora del concurso, pero otro recurso que planteó en este caso la empresa Cespa, actual prestadora del servicio, hace que haya revisar la licitación.

El concurso establecía que para recoger la basura en las calles de la zona centro con mayor concentración de locales de hostelería habría que utilizar camiones de tan solo tres metros cúbicos de capacidad, ya que esas vías son muy estrechas. Pero la propuesta liderada por Copasa preguntó al Concello si era posible ofertar camiones con un tamaño mayor y al ser contestada en sentido afirmativo, así lo incluyó en su oferta técnica. Cespa interpretó que su rival incumplía así las bases del concurso y el tribunal de contratación aceptó parcialmente su recurso, aunque como ambas empresas defendieron sobre esta cuestión argumentos técnicos que no se expusieron en el proceso de licitación, cree necesario que sean estudiados por los técnicos municipales.

Si finalmente Copasa resultase relegada en la puntuación del concurso, la adjudicación recaería entonces en Cespa, la tercera clasificada y actual concesionaria, pero las dudas que expresa el Gobierno local sobre esta tramitación hacen que tampoco se descarte comenzarla de nuevo desde el principio.

La recogida y transporte de los residuos urbanos es solo uno de los dos lotes en los que se había dividido el concurso, a los que las empresas podían optar de forma conjunta o por separado. El primero consiste en la renovación total de los contenedores de basura de la ciudad, parte de los cuales serán accesibles para personas con discapacidad, así como su mantenimiento durante los próximos ocho años, y fue adjudicado ya a Valoriza Servicios Medioambientales y Arias Infraestructuras por 2,7 millones de euros al año.