El Gobierno local se encuentra en la actualidad en la disyuntiva de continuar la tramitación de concurso del servicio de recogida y transporte de los residuos urbanos o de iniciarla de nuevo ante el problema surgido por la anulación de su adjudicación a la oferta que había recibido mayor puntuación, presentada por FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia adoptó la semana pasada esa resolución, que obligaría a adjudicar el contrato a la segunda clasificada, Copasa. Pero un recurso de otra concursante, Cespa, obliga a revisar su propuesta técnica, por lo que también queda en el aire que pueda gestionar el servicio. A continuación se detalla cómo se originó el problema con la oferta liderada por FCC que causó este conflicto.

▶¿Cuándo se abrió la licitación? El Gobierno local de Marea Atlántica inició el proceso el 30 de julio de 2018 y admitió propuestas hasta el 10 de septiembre. El contrato se dividió en dos lotes: suministro de los nuevos contenedores y su mantenimiento, así como recogida y transporte de la basura, por los que se podía concursar de forma individual o conjunta. El presupuesto total de licitación era de 131 millones y el periodo de prestación de ocho años. Para el primero el coste era de 2,6 millones anuales y para el segundo, 11,9 millones.

¿Qué empresas concursaron? Valoriza Medio Ambiente con Arias Infraestructuras, Cespa, Urbaser, FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica, Copasa con Geseco y Setec Building, y Acciona con Construcciones Ramón Vázquez Reino y Cogami Reciclado de Galicia se presentaron al concurso de recogida de los residuos. Al de nuevos contenedores lo hicieron Valoriza con Plastic Omnium y Arias Infraestructuras, Cespa con Construcciones López Cao, Urbaser; FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica, y Acciona Servicios Urbanos con Acciona Construcción. El Gobierno local preveía adjudicar ambos en 2018.

¿Cómo se resolvió el concurso? La Mesa de Contratación propuso adjudicar el lote de los contenedores a Valoriza con Plastic Omnium y Arias Infraestructuras. Durante la valoración de las propuestas técnicas del de recogida de residuos surgió una controversia por la ubicación que FCC incluía para su parque de maquinaria.

▶¿Qué problema tenían los terrenos? La parcela, en la carretera de San Pedro de Visma a Mazaído, está ocupada por una nave de la empresa Utramic. La Concejalía de Medio Ambiente remitió un informe a la Mesa de Contratación en la que advirtió de que allí "solo se pueden autorizar usos y obras provisionales", por lo que el parque de FCC "no puede ser autorizado". A ello se sumó que el jefe de Planeamiento señaló que se trata de "suelo urbanizable" y, parcialmente, "rústico de especial protección del paisaje". Se encuentra en el polígono urbanístico de Penamoa, aún sin desarrollar pero en el que se prevé que deberá ser obtenida por el Concello". Planeamiento añadió que "en suelo urbanizable no se pueden realizar construcciones hasta que se apruebe la ordenación detallada", excepto si son provisionales o se elabora un plan especial de infraestructuras.

¿Qué decisión se tomó? Ambos informes eran negativos para la propuesta de FCC y suponían su exclusión del concurso, pero la Mesa de Contratación „compuesta por la concejala de Facenda, Eugenia Vieito como presidenta, y con el interventor municipal, la directora de la asesoría jurídica y la jefa del servicio de Contratación, como vocales„ optó por "entender el pliego en el sentido menos restrictivo", según figura en el acta de la reunión. Los componentes de la mesa acordaron por unanimidad que la parcela propuesta por FCC debería adecuarse a la normativa urbanística no en el momento de la presentación de la oferta, sino desde que arranque la actividad con la nueva concesionaria. La mesa apuntó además que todos los concursantes debían "subsanar" problemas urbanísticos en los terrenos que habían planteado. Esta resolución llevó a la empresa a obtener la máxima puntuación en la valoración técnica de su oferta, 35,45, frente a 31 de Copasa, 30,65 de Cespa y 29,025 de Valoriza. La mesa excluyó al resto de participantes por no llegar a los 25 puntos. FCC e Ingeser Atlántica consiguieron así la propuesta de adjudicación del contrato por 11,98 millones al año según los acuerdos tomados durante el mandato de Marea Atlántica, aunque la Junta de Gobierno Local que lo adjudicó se reunió ya con el PSOE al frente del Concello. El Gobierno local alega que, si no lo hubiera hecho, habría cometido prevaricación.

¿Qué consecuencias hubo? Copasa, la clasificada en segundo lugar, presentó en recurso contra la permanencia de FCC en el concurso, mientras que Cespa lo hizo por la admisión de la propuesta técnica de Copasa, que consideraba irregular. Ambas iniciativas llegaron al Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia, que la semana pasada anuló la adjudicación del contrato a FCC.

¿Por qué se anuló la adjudicación? El tribunal rechazó el argumento municipal de que la idoneidad de la parcela de FCC debía demostrarse al inicio de la concesión porque no figuraba en las bases del concurso y "una vez aprobados los pliegos, no puede pretender excepcionar su contenido durante el procedimiento de licitación", al considerar que al hacerlo "se vulneraría el principio de igualdad de trato". Los terrenos, además, no eran aún propiedad de la empresa, como exigían también las bases del concurso, sobre lo que FCC explicó que estaba convencida de valía con el compromiso de adquirirla antes de prestar el servicio. Pero el tribunal advirtió de que todos los medios necesarios para desarrollar el contrato "deben estar acreditados para la adjudicación". Copasa expuso además ante el tribunal que el documento que aportó FCC para demostrar su intención de comprar la parcela "carece de validez jurídica" porque la persona firmante es administradora de la empresa que ocupa los terrenos pero no su propietaria y que existe una prohibición expresa de que la ceda o subarriende a terceros.

¿Qué dijo el tribunal sobre el recurso de Cespa? El concurso obligaba a que los camiones que recojan la basura en las calles del centro tengan una capacidad máxima de tres metros cúbicos para poder circular por ellas, pero Copasa solicitó que fueran mayores, a lo que fue autorizada por la Mesa de Contratación. Cespa manifestó que esto suponía una infracción de las bases y pidió la exclusión de Copasa, que alegó motivos técnicos para justificar su postura ante el tribunal. Este resolvió que esas cuestiones debían ser analizadas por la Mesa de Contratación, que tomará la decisión definitiva.

¿En qué situación se encuentra el concurso? La exclusión de FCC debería hacer recaer la adjudicación del contrato en Copasa, pero para ello habrá que resolver también la cuestión planteada por Cespa sobre los camiones de recogida en el centro, que podría concluir también con la salida del concurso del segundo clasificado. Sería entonces Cespa, que presta el servicio sin contrato desde enero de 2017 por la conclusión del anterior, la que ganaría el concurso.

¿Cuál fue la reacción del Gobierno local? Tras conocer la anulación de la adjudicación, los responsables municipales advirtieron que es muy posible que todo el conflicto acabe en los juzgados por los recursos que puedan presentar las empresas implicadas. Para el Ejecutivo socialista, la tramitación efectuada por Marea Atlántica fue "bastante chapucera", por lo que se plantea iniciar el concurso desde el principio con unas nuevas bases. Marea defiende que solo empleó criterios técnicos y no políticos.