El director general de la estación depuradora de Bens, Carlos Lamora, propuso en la reunión del Consejo de Administración del 10 de octubre que cada uno de los cinco ayuntamientos que forman parte de la entidad, A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, cambien sus ordenanzas fiscales para poder cargar un impuesto a las empresas por sus vertidos contaminantes. Es un "coeficiente K de carga contaminante", es decir, que las empresas pagarían según los vertidos efectuados.

Para que se pueda poner en marcha este nuevo impuesto que solo afecta a las empresas, ya que se aplica a usos no domésticos, es necesario que los concellos incluyan en sus ordenanzas fiscales este ingreso. Este documento, que es el que marca las tasas y tributos municipales y los impuestos, entra en vigor el 1 de enero, de modo que, si el Gobierno local quiere hacer algún cambio en su contenido, ha de aprobarlo antes de que se acabe el año, de otro modo, se prorrogaría el actual.

Fuentes municipales indican que el Concello de A Coruña no se ha negado a su aplicación, aunque tampoco ha concretado si entrará en la negociación de las ordenanzas fiscales de 2020, ya que es una propuesta que tiene que ser analizada por los técnicos municipales para conocer su viabilidad. La depuradora defiende que es un impuesto necesario que ya se está aplicando en otras ciudades de España.

Aparejado a este impuesto a las empresas contaminantes, la depuradora propone también la creación de un servicio metropolitano de inspección de los vertidos industriales, para controlar que se cumplen las ordenanzas municipales y para mejorar el servicio de depuración. La estación de Bens propone que los concellos le hagan este encargo para que sea la propia depuradora la que ponga en marcha este organismo de inspección.

Que estas decisiones reciban el visto bueno de los integrantes del Consejo de Administración de Bens no implica que, después, en los concellos se vayan a aplicar sus decisiones. En 2016, en el seno de la depuradora se había acordado „con los votos de representantes de Marea Atlántica, PP y PSOE„ un incremento de 50 céntimos al mes de la tasa en concepto de tratamiento de las aguas residuales. Esa propuesta, sin embargo, no fue aprobada en el pleno, ya que el PSOE „en julio de 2016 había votado a favor de esa subida„ se negó a admitirla. El PP también se opuso, ya que entendía que este incremento se compensaría con una bajada del IBI que, finalmente, no se aceptó.