La Policía Nacional ha identificado al hombre que el miércoles de la semana pasada agredió a la dueña de una frutería de la calle Marqués de Pontejos por vender peras procedentes de Lleida, al que investiga por un delito de odio. El Código Penal sanciona con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses un tipo de infracciones previstas, como la incitación al odio, la difusión de material odioso y el negacionismo; otras infracciones como las lesiones de dignidad o el enaltecimiento del odio son penadas con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

Según el Ministerio del Interior, el delito de odio es "cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo", entre los que incluye a los que están "basados en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar".

Sandra Castro, la frutera agredida, fue sorprendida por un hombre de complexión fuerte de unos 70 años y pelo blanco que le pidió en su propio establecimiento que retirase la fruta de Cataluña. Se lo repitió varias veces, a lo que la mujer se negó. Según su relato, tras discutir y ya fuera de la tienda él le hizo un corte de mangas cerca de la cara. La frutera reaccionó diciéndole al hombre que pensaba llamar a la Policía y advirtiéndole de que le haría una foto con su teléfono móvil. Una vez en el exterior ella lo fotografió, momento en el que el hombre la golpeó dos veces en la cabeza, la agarró del brazo y se apropió de su móvil. Castro recuperó el aparato después de que el hombre se lo entregase al ser increpado por un joven que auxilió a la mujer. El individuo se marchó a continuación y la mujer denunció la agresión a la Policía Nacional.