El final del contrato por el que Albada gestiona la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que se producirá el 31 de diciembre, abre un conflicto más que se suma a los numerosos que la enfrentan con el Concello y que se han sucedido prácticamente desde el inicio de la concesión en 1998. La empresa transmitió al Consorcio As Mariñas que dejará de tratar la basura de sus municipios desde el 1 de enero, aunque el Gobierno local coruñés no ha recibido una comunicación de la concesionaria en ese sentido.
La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, consideró ayer la actitud de Albada como una "medida de presión" y aseguró que le reclamará que siga prestando el servicio en las mismas condiciones hasta que se adjudique el nuevo contrato para gestionar la planta, cuya licitación todavía no se ha iniciado. Fontán advirtió de que la continuidad del servicio es "forzosa y en las mismas condiciones en que se está prestando ahora", a lo que añadió que para mantener abierta una vía de diálogo sobre los asuntos que enfrentan a ambas partes hay dos premisas: "El Consorcio sigue siendo parte del proyecto hoy y a futuro, no es discutible", así como que "no se puede jugar con los puestos de trabajo de Nostián".
La concejal puso de relieve que la actividad de la planta de tratamiento es "un servicio esencial, cuya suspensión causaría graves problemas de salubridad a los ayuntamientos afectados, incluido el de A Coruña", por lo que no admitirá que deje de tratar los residuos de la comarca, y que el Gobierno local no admitirá que la empresa "utilice a los trabajadores como un arma de presión".
Albada renunció a la prórroga de hasta cinco años de duración a que tenía derecho al terminar su contrato, pero está obligada a mantener la actividad hasta que el Concello cuente con una nueva concesionaria. A pesar de esto, ya trasladó al Consorcio As Mariñas que dejará de recibir sus residuos el próximo año y comunicó a sus trabajadores de manera informal que llevará a cabo una reducción de la plantilla a causa de esta decisión. El presidente del comité de empresa, Julio Martínez Maceiras, señaló ayer que la empresa comentó a los representantes sindicales que prevé efectuar una regulación de empleo, pero que no se les transmitió de manera oficial.
Para Esther Fontán, Albada intenta con esta postura "hacer valer sus reivindicaciones históricas sobre sus desequilibrios financieros", que se han traducido en los últimos años en la apertura de conflictos judiciales con resoluciones que frecuentemente han sido contrarias a los intereses de la empresa. La última de ellas se produjo a finales del mes pasado cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó el recurso de la concesionaria contra la admisión del recurso de lesividad que presentó el Concello en 2015 sobre el acuerdo adoptado en 2011 para entregarle 3,3 millones de euros cada año para compensar el desequilibrio económico que Albada aseguraba soportar.
Fontán explicó que la empresa no comunicó al Concello que pretenda realizar una regulación de empleo definitiva o temporal en su plantilla, pero que lo "deja entrever" porque si no presta servicio a los municipios del Consorcio As Mariñas no precisará de una parte de los trabajadores a los que ahora da empleo. Según la concejala, la empresa sostiene que el contrato que finalizará este año les vincula al Concello pero no al Consorcio, cuya relación se regula a través de un convenio, pero la titular de Medio Ambiente advierte de que Albada presta servicio a esos municipios "en las mismas condiciones" que a A Coruña, ya que la única diferencia que ha habido es que la ciudad y el Consorcio llevaron los residuos que no pudieron tratarse a diferentes vertederos.
La concejala manifestó que ya comunicó a Albada que el Gobierno local no tolerará que se produzca una nueva situación como la que se generó por su negativa a trasladar de Nostián los residuos no tratables, que se acumularon en la planta hasta el punto de que la Xunta impuso sanciones al Concello.
Según dijo, el equipo jurídico municipal "tomará las decisiones legales que haya que tomar", como se hizo en el caso de los rechazos, y reiteró que la empresa pretende con esta actitud presionar sobre los conflictos abiertos con el Ayuntamiento. "Hay unos límites legales que no vamos a traspasar porque están regulados contractualmente", destacó la edil, quien además recordó que algunos de los enfrentamientos entre las dos partes están pendientes de resoluciones judiciales.
