La junta de gobierno aprueba mañana el abono de un sobrecoste del 13,3% a la constructora encargada de la reforma del estadio de Riazor, un total de 931.301,97 euros, que se suman al precio de adjudicación de los trabajos para sustituir y rehabilitar la cubierta y la estructura del campo, realizados en el mandato anterior. Tras el análisis del expediente, los técnicos concluyen que el encarecimiento está justificado "en fondo y forma" y que no hay indicios para exigir responsabilidades al contratista, Arias Infraestructuras, ni hay "daños o prejuicios para la hacienda municipal".

Para aprobar este pago y recepcionar finalmente las obras, Alcaldía ha tenido que levantar un reparo suspensivo de legalidad de Intervención del 31 de octubre. El interventor advierte de que el sobrecoste se elevó por encima del 10% máximo permitido para modificar los contratos sin pasar por el órgano de contratación, en este caso, la junta de gobierno, un trámite "esencial" que tendría que haberse cumplimentado y no se hizo.

El informe de la inspección municipal del 3 de mayo considera acreditado que los motivos del incremento de presupuesto en los trabajos contratados por el Gobierno anterior el 22 de noviembre de 2017 "no guardan relación con la existencia de vicios del proyecto objeto de ejecución", sino que son "consecuencia", primero, "de la ampliación de plazo por las sucesivas prórrogas" [parones para jugar partidos]; segundo, "de la falta de definición de algunos elementos por el anteproyecto facilitado por el Ayuntamiento en la licitación del contrato"; y tercero, "fundamentalmente, del mayor detalle con el que se pueden estudiar las soluciones estructurales y constructivas durante la propia ejecución de la obra".

En la propuesta para que la junta de gobierno apruebe el pago de la factura a Arias Infraestructuras, el jefe de Servicio y el concejal de Deportes indican que la modificación superó el 10% del precio contractual, la barrera que marca la ley para que la obra pueda seguir adelante sin necesidad de que sea aprobada por el órgano que contrató los trabajos. Así, infieren una "irregularidad administrativa" porque la obra continuó sin la "aprobación expresa y formal del órgano contratante" que exigiría al sobrepasar dicho limite.

Los trabajos continuaron, dice el mismo informe-propuesta, por orden de la propia Administración con la conformidad de la Inspección municipal, "pues dichas unidades eran imprescindibles para la correcta ejecución de la obra, tal y como queda perfectamente acreditado en los informes emitidos por la dirección de obra y el servicio de inspección de obra". Justifican que los trabajos no se paralizasen a pesar del incremento "por razones de seguridad". "A mayores, el funcionamiento del estadio no puede paralizarse ni extenderse mucho en el tiempo la anomalía que suponía la ejecución de tales obras", concluyen.

"Aunque formalmente no exista contrato", añaden, la factura adicional presentada por Arias Infraestructuras hay que pagarla para "evitar un enriquecimiento injusto del Concello" y el abono de posteriores intereses. El precio se considera "normal" porque las unidades añadidas se facturaron al mismo coste que en el proyecto con el descuento deducido de la oferta con la que la adjudicataria ganó el concurso. Finalmente, el servicio de Deportes indica que en los informes técnicos encargados no constan la "existencia de indicios para justificar una responsabilidad del proyectista" ni la "generación de daños y prejuicios para la hacienda municipal", por lo que "se entiende que no procede la exigencia de responsabilidad alguna".

Con el levantamiento del reparo suspensivo por parte de Alcaldía, al dar por buenas las justificaciones de Deportes y la Asesoría Jurídica, y la aprobación en junta de gobierno, ya se podrá proceder al pago inmediato del sobrecoste, ya que hay consignación presupuestaria para hacerlo. Se aprobó en verano, dentro de un cambio de presupuesto cuya ejecución estaba a expensas de una "investigación" que prometió encargar el Gobierno local. Las obras finalizaron en diciembre de 2018 y, aunque en un principio el Ejecutivo de Marea anunció que estuviesen listas antes del inicio de Liga, el proyecto y los trabajos se contrataron conjuntamente y empezaron después de lo estimado. Inspección de Trabajo requirió además la instalación de una estructura adicional para recorrer la cúpula con seguridad. Las suspensiones temporales por los partidos de Liga fueron cinco, según consta en el expediente.