06 de noviembre de 2019
06.11.2019

Aplazado el juicio por la ocupación de la Casa Cornide al pedir los Franco más penas

La familia del dictador solicita que se imputen cuatro delitos a los nueve activistas

05.11.2019 | 23:57
Activistas del BNG, en la Casa Cornide en septiembre de 2017.

La familia Franco ha logrado aplazar la vista por la ocupación simbólica de la Casa Cornide, en A Coruña, al solicitar que se eleven las penas que el juez pide para los nueve activistas del BNG que protagonizaron la protesta.

Fue en septiembre de 2017 cuando un total de nueve activistas vinculados al BNG accedieron al balcón de este inmueble propiedad de la familia del dictador, y situado en la Ciudad Vieja, para exigir su devolución al patrimonio público.

El número uno del BNG al Congreso por A Coruña e integrante del colectivo 19 de Meirás, que protagonizó otra ocupación simbólica en el Pazo de Meirás, Néstor Rego, explicó que el juicio fue "suspendido" porque los siete nietos de Franco consideran que la calificación como delito de faltas que tenía establecido el juez "no era suficiente".

Según informó Néstor Rego, la familia del dictador solicita que se les imputen cuatro delitos, "entre ellos alguno que ya utilizó en el caso del Pazo de Meirás" como "violación de morada o delito de honor" que, conforme señaló, podrían suponer "penas de hasta 13 años de prisión". "Nos parece un despropósito desde el punto de vista político y jurídico", manifestó Rego, que subraya que el BNG "no se va a echar atrás". "Vamos a mantener con firmeza la recuperación de todo el patrimonio robado por el dictador Franco y vamos a plantar cara, incluso este 10 de noviembre para que el BNG pueda ser una garantía firme de la defensa de la democracia y los derechos también en el Congreso", concluyó.

Además, en Junta de Gobierno local se anunciará hoy el personamiento del Ayuntamiento en la causa para la recuperación del Pazo de Meirás, ya que el Concello favoreció en el año 1938 la adquisición del inmueble para cederlo a Franco. El Ejecutivo local podrá intervenir en el procedimiento defendiendo las pretensiones de la Abogacía del Estado y formular las alegaciones necesarias para la defensa del patrimonio público.

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