06 de noviembre de 2019
06.11.2019

El Gobierno local aprueba el sobrecoste de 931.000 euros de la cubierta de Riazor

Alcaldía ha tenido que levantar un reparo de Intervención a la factura al entender justificado el encarecimiento del 13% || No ve indicios para exigir responsabilidades

05.11.2019 | 21:58
Un operario trabaja en Riazor, en septiembre de 2018.

La junta de gobierno aprueba hoy el abono de un sobrecoste del 13,3% a la constructora encargada de la reforma del estadio de Riazor, un total de 931.301,97 euros, que se suman al precio de adjudicación de los trabajos para sustituir y rehabilitar la cubierta y la estructura del campo, realizados en el mandato anterior. Tras el análisis del expediente, los técnicos concluyen que el encarecimiento está justificado "en fondo y forma" y que no hay indicios para exigir responsabilidades al contratista, Arias Infraestructuras, ni hay "daños o prejuicios para la hacienda municipal".

Para aprobar este pago y recepcionar finalmente las obras, las de mayor cuantía del pasado mandato, Alcaldía ha tenido que levantar un reparo suspensivo de legalidad de Intervención del 31 de octubre. El interventor advierte de que el sobrecoste se elevó por encima del 10% máximo permitido para modificar los contratos sin pasar por el órgano de contratación, en este caso, la junta de gobierno, un trámite "esencial" que tendría que haberse observado y no se hizo.

El informe de la Inspección Municipal del 3 de mayo considera acreditado que los motivos del incremento de presupuesto en los trabajos contratados por el Gobierno anterior el 22 de noviembre de 2017 "no guardan relación con la existencia de vicios del proyecto objeto de ejecución", sino que son "consecuencia", primero, "de la ampliación de plazo por las sucesivas prórrogas" [parones para jugar partidos]; segundo, "de la falta de definición de algunos elementos por el anteproyecto facilitado por el Ayuntamiento en la licitación del contrato"; y, "fundamentalmente, del mayor detalle con el que se pueden estudiar las soluciones estructurales y constructivas durante la propia ejecución de la obra".

La Inspección Municipal relata que, en la ejecución de la reforma, dicho "mayor detalle de análisis" y los condicionantes de la estructura y el diseño motivaron "situaciones en las que solo mediante la ejecución de elementos más resistentes, o incrementando la cuantía de los proyectados, era posible garantizar el óptimo funcionamiento estructural de la cubierta". Asimismo, los técnicos del Concello mencionan el requerimiento que hizo la Inspección de Trabajo para instalar una estructura adicional que mejorase las condiciones de seguridad de los trabajadores que en el futuro tuviesen que acceder a la cubierta para su mantenimiento.

En la propuesta para que la junta de gobierno apruebe el pago de la factura a Arias Infraestructuras, el jefe de Servicio y el concejal de Deportes indican que la modificación superó el 10% del precio contractual, la barrera que marca la ley para que la obra pueda seguir adelante sin necesidad de que sea aprobada por el órgano que contrató los trabajos. Así, infieren una "irregularidad administrativa" porque la obra continuó sin la "aprobación expresa y formal del órgano contratante" que exigiría al sobrepasar dicho limite.

Los trabajos continuaron, dice el mismo informe-propuesta, por orden de la propia Administración con la conformidad de la Inspección municipal, "pues dichas unidades eran imprescindibles para la correcta ejecución del proyecto, tal y como queda perfectamente acreditado en los informes emitidos por la dirección de obra y el servicio de inspección de obra". Justifican que los trabajos no se hubiesen paralizado a pesar del incremento "por razones de seguridad". "A mayores, el funcionamiento del estadio no puede paralizarse ni extenderse mucho en el tiempo la anomalía que suponía la ejecución de tales obras", concluyen.

"Aunque formalmente no exista contrato", añaden, la factura adicional presentada por Arias Infraestructuras hay que pagarla para "evitar un enriquecimiento injusto del Concello" y el abono de posteriores intereses. El precio se considera "normal" porque las unidades añadidas se facturaron al mismo coste que en el proyecto, con el descuento deducido de la oferta con la que la adjudicataria ganó el concurso.

Finalmente, el servicio de Deportes afirma que en los informes técnicos encargados no constan la "existencia de indicios para justificar una responsabilidad del proyectista" ni la "generación de daños y prejuicios para la hacienda municipal", por lo que "se entiende que no procede la exigencia de responsabilidad alguna".

Con el levantamiento del reparo suspensivo por parte de Alcaldía, al dar por buenas las justificaciones de Deportes y la Asesoría Jurídica, y la aprobación en junta de gobierno, ya se podrá proceder al pago inmediato del sobrecoste, ya que hay consignación presupuestaria para hacerlo. Se aprobó en verano, dentro de un cambio de presupuesto cuya ejecución estaba a expensas de la "investigación" que prometió encargar el Gobierno local. Las obras finalizaron en diciembre de 2018 y, aunque en un principio el Ejecutivo de Marea estimaba que estarían listas antes del inicio de Liga, el proyecto y los trabajos se contrataron conjuntamente y empezaron después de lo anunciado. Las suspensiones temporales por los partidos de Liga fueron cinco, según consta en el expediente.

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