09 de noviembre de 2019
09.11.2019

El Gobierno local defiende que no está obligado a buscar responsables por el edificio Fenosa

El PSOE responde al Partido Popular que el Concello no ha iniciado ningún expediente al respecto. El Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas se compromete a investigar si hay compensaciones

08.11.2019 | 23:18
Fachada principal del edificio de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías.

El Gobierno municipal asegura que no hay ningún expediente abierto para investigar y exigir responsabilidades a los causantes de la obra ilegal del edificio Fenosa, un proceso que recoge el Protocolo de Buenas Prácticas incluido en el auto del Superior que avaló el acuerdo de mediación de febrero para evitar el derribo del inmueble. En esta decisión judicial se apoya el Ejecutivo socialista para razonar que no está obligado a buscar responsables al no estar dispuesto ese proceso en la resolución del Alto tribunal gallego ni señalar a ningún culpable, según ha respondido al PP en una respuesta plenaria. Marea Atlántica había anunciado antes de las elecciones el nombramiento de un instructor para investigar el asunto

La investigación para establecer responsabilidades por la obra ilegal del edificio Fenosa se encuentra en estado indeterminado. El Gobierno local anterior inició en marzo pasado, un mes después del acuerdo de mediación intrajudicial que puso fin a un conflicto urbanístico de más de dos décadas, y dos meses antes de las elecciones municipales, el proceso de investigación por el que exigir responsabilidades a funcionarios y autoridades que permitieron la concesión de la licencia de reha-bilitación ilegal en 1997 a la antigua sede de Fenosa, en la calle Fernando Macías. Hoy, el Ejecutivo socialista informa de que "no hay ningún expediente" abierto por este asunto, según responde al PP en una pregunta escrita del último pleno. Es más, añade que el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avaló el acuerdo de mediación "nada dispone sobre una eventual responsabilidad derivada de la nulidad de la licencia".

La resolución del Superior, adoptada por mayoría de diez magistrados frente a cuatro, homologó al acuerdo entre el Concello, el demandante de las irregularidades y la comunidad de propietarios del edificio como "una forma alternativa de llevar a cabo la ejecución de la sentencia" del propio TSXG en 2001, que ordenaba la demolición del inmueble, y ratificaba el Tribunal Supremo en 2006. El pacto conseguía, según señalaba el auto, un "equilibrio" entre la "indemnización moral" a los demandantes, "los intereses" de los 400 vecinos y cien trabajadores del edificio, la adopción de medidas que eviten ilegalidades semejantes y "el mantenimiento de la paz social" en la ciudad. Una "paz social" que según apuntaba el Superior, estaba amenazada por los recortes en servicios públicos y subidas de impuestos que debería haber afrontado el Ayuntamiento para recaudar los 59,5 millones de euros que tendría que pagar en caso de derribo del inmueble.

El auto no recogía la exigencia de responsabilidades, apartado que en cambio sí se incluye en el Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas que adoptó el Concello para evitar casos como el del edificio Fenosa y que era uno de los puntos del acuerdo de mediación. En este documento, que tiene la forma jurídica de instrucción aprobado por la Junta de Gobierno Local, se apunta que, "cuando la declaración de nulidad de una licencia conlleve reconocimiento de indemnizaciones, deberá abrirse un procedimiento de determinación de responsabilidades de autoridades y funcionarios y reclamación de tanto a culpa a terceros".

El protocolo de buenas prácticas señala que cuando la administración local indemnice a los afectados en un caso urbanístico similar "exigirá de oficio en vía administrativa a funcionarios y autoridades la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dolo, culpa o negligencia graves", un procedimiento que debería iniciarse en el plazo máximo de un mes desde que se procediese al pago de las compensaciones.

El Concello coruñés ya ha abonado la indemnización al denunciante de las obras ilegales autorizadas durante el mandato de Francisco Vázquez, establecida en 2,9 millones de euros, pero a los pagos a los propietarios del edificio afectados se les consignarán cantidades para hacer frente al gasto en el presupuesto de 2020, según responde el Gobierno municipal del PSOE al grupo popular.

Investigación sin expediente

Marea Atlántica informó en marzo, cuando gobernaba, de que había comenzado el proceso de investigación para buscar responsables de acuerdo con la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público y según establece el protocolo de buenas prácticas que asumía el Gobierno local tras la mediación. Para ello, había nombrado a un funcionario instructor con formación jurídica para realizar el proceso junto al director del área de Rexeneración Urbana. Ahora el Concello informa en cambio de que "no hay incoado ningún expediente para exigir responsabilidades".

La alcaldesa, Inés Rey, señaló en una entrevista en Radio Coruña que "si hay responsabilidades políticas, que se depuren, y si hay responsabilidades penales, que se depuren". Ya alcaldesa, hace medio año respondía que el litigio ya se había "arreglado a través del acuerdo" de mediación.

De aquel pacto, precisamente, quedan otros aspectos por ejecutar, como la construcción de un edificio de entre 50 y 60 viviendas municipales en el parque ofimático. En mayo pasado el Ayuntamiento, también según el acuerdo, inició el proceso para modificar el plan general y obtener la declaración del edificio de la calle Fernando Macías como inmueble singular.

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