El comité de empresa de Albada, la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos urbanos, se reunirá hoy para acordar el calendario de movilizaciones que se pondrá en marcha tras recibir ayer la comunicación de que se aplicará un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) al 40% de la plantilla a partir del 1 de enero. El presidente de la representación de los trabajadores, Julio Martínez Maceiras, informó ayer a este periódico de que entre las iniciativas que se adoptarán figura la convocatoria de una huelga indefinida que comenzará durante las próximas navidades a causa de los plazos establecidos para su autorización.

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, anunció ayer que el Gobierno local utilizará "toda la maquinaria técnica y jurídica del Ayuntamiento" para garantizar el normal funcionamiento de la planta desde el 1 de enero, que se preste el servicio al Consorcio As Mariñas y que se mantenga la actual plantilla de la empresa. Fontán también señaló que ayer mismo se reunirían técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente con la asesoría jurídica municipal bajo la presidencia de la alcaldesa, Inés Rey, para comenzar a analizar las posibilidades legales existentes para hacer posible la continuidad de la actividad de la planta, entre las que figura que el propio Concello se encargue provisionalmente de su gestión, como reclaman los trabajadores.

"A este gobierno no le va a temblar la mano para gestionar con la legalidad en la mano lo que se le viene encima", puso de relieve la edil, para quien Albada lanzó un "órdago" al Concello del que dijo que le "indigna" porque "no se puede jugar con los puestos de trabajo de las personas".

En el escrito remitido por Albada al comité de empresa le comunica el inicio del "procedimiento de suspensión de los contratos de trabajo" que considera necesario para" paliar la dificultosa situación que atraviesa esta empresa, derivada de causas productivas y organizativas". Aunque no lo menciona, la concesionaria se refiere a la obligación que tiene de continuar al frente de la planta el 1 de enero pese a haber concluido su contrato, ya que el Concello aún no inició la licitación del próximo.

Albada no solo renunció a la prórroga del contrato a que tenía derecho hasta por cinco años más, sino que se opuso a seguir gestionando la instalación en 2020 y, cuando el Gobierno local le ordenó que lo hiciera, anunció que desde esa fecha no tratará los residuos de los ocho municipios del Consorcio As Mariñas. La concesionaria, que emplazó al comité de empresa a una reunión sobre el ERTE el 18 de noviembre, anunció también el decaimiento del convenio colectivo, según el cual las vacaciones y bajas de la plantilla son cubiertas por contrataciones eventuales.

Maceiras calculó que esta regulación afectará a entre 40 y 45 trabajadores de los 104 fijos de la plantilla, en la que con el personal eventual se llega a 130 personas. Pero en el expediente no entrarán los empleados de administración, pesaje de residuos y control de los biodigestores, por lo que considera que será imposible efectuar el tratamiento de la basura. "Pedimos disculpas a los ciudadanos, pero que no nos echen la culpa a nosotros si no se recicla", con lo que se nos viene encima la basura no se va a tratar", explicó el presidente del comité, quien reclamó al Concello "que se ponga las pilas" porque si se aplica el ERE "la planta se pararía totalmente".

El portavoz laboral coincidió con el Gobierno local en que la actitud de Albada "es un chantaje", pero advirtió de que lo que debe hacer es "rescatar la planta" y poner al frente de la misma a un interventor mientras se licita el nuevo contrato para así "echar a estos chantajistas fuera de A Coruña".

Esther Fontán comentó por su parte que puede haber "hasta media docena" de opciones para intentar mantener la actividad de la planta y a toda su plantilla, pero que es necesario analizar "los pros y contras de cada una". La concejal dijo sobre la intervención de la planta por parte del Concello que reclaman los trabajadores que es una de las posibilidades "que estará sobre la mesa", pero que por ahora desconoce si sería posible aplicarla porque el contrato de Albada es muy complejo.

Según Fontán, encontrar la solución para este problema "va a llevar algo más de una tarde" porque "tiene muchísimas aristas" y se trata de "una bola de nieve que ha ido creciendo mandato tras mandato", aunque advirtió: "Lo gestionaremos de igual modo que lo hicimos con los rechazos el pasado verano".