El comité de empresa de Albada, la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, anunció ayer que iniciará una huelga indefinida a las 22.00 horas del 8 de diciembre en protesta por la decisión de la compañía de prescindir del 40% de su plantilla de 104 trabajadores el 1 de enero. Albada pretende aplicar un expediente de regulación de empleo temporal en esa fecha, ya que desde entonces no procesará, por decisión propia, la basura procedente de los municipios del Consorcio As Mariñas, aunque el Concello le exige que lo haga.

Los trabajadores comenzarán las medidas de presión los días 22 y 29 de noviembre y 5 de diciembre con concentraciones en la plaza de María Pita para exigir a la empresa que dé marcha atrás en la reducción del personal. El comité coincide con el Gobierno local en que la actitud de Albada es un "chantaje" al Concello, que le ordenó continuar la actividad el próximo año pese a la conclusión de su contrato porque la licitación del nuevo todavía está pendiente.

Lucha titánica

"Auguro un mes y medio de lucha titánica", declaró ayer la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, sobre el tiempo que queda hasta el día en que Albada terminará su contrato. El Gobierno local advirtió ya que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que la concesionaria cumpla con sus obligaciones y atribuye su actitud a la intención de conseguir las reivindicaciones económicas que ha reclamado durante los últimos años en los tribunales, donde han sido rechazadas de forma sistemática.

Los representantes laborales exigen al Ayuntamiento que se haga cargo de la gestión de la planta mientras no se adjudica el nuevo contrato, posibilidad que ya analizan los responsables municipales junto con otras que garanticen que las instalaciones sigan funcionando. Fontán manifestó ayer que el próximo 1 de enero estarán listos los pliegos de condiciones del concurso mediante el que se licitará el nuevo contrato para gestionar la planta de residuos y que su previsión es que se adjudique durante el tercer trimestre de 2020.

La tramitación del concurso tendrá una duración de al menos seis meses debido al importe del contrato, que obligará a la nueva concesionaria a invertir en torno a 44 millones para reconstruir la planta y adaptarla a las nuevas tecnologías y las exigencias ambientales de la Unión Europea.