La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha decidido adherirse a la demanda contra el presidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losadapresidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losada, y un alto cargo por la gestión de la obra de punta Langosteira. El órgano considera que deben ser condenados a pagar 544.000 euros más intereses por los pagos que, a juicio de la investigación realizada por el órgano fiscalizador, se abonaron de manera irregular a una contrata del puerto exteriorinvestigación . En total, son unos 690.000 euros por los posibles "perjuicios ocasionados a los caudales públicos". El presidente del Puerto manifestó, el pasado junio, que es "terriblemente injusto" que se le señale en esta cuestión cuando el centro de la instrucción fue un contrato que se firmó antes de que él asumiese la presidencia. "Es un tema de perogrullo", declaró, sin "ninguna duda" de cuál será el desenlace.
Cuentas decidirá si Enrique Losada y el director de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Fernando Noya, deben asumir esas cantidades que, según concluye la investigación, no debieron pagarse a la empresa por dirigir los trabajos de punta Langosteira. El contrato se prolongó de 2007 a 2011, y aunque lo firmó el anterior Gobierno portuario, presidido por Macario Fernández Alonso, las facturas consideradas irregulares siguieron emitiéndose en los años siguientes. La cantidad total de pagos fue de 792.000 euros pero el tribunal estima que los abonados antes de 2009 están prescritos, por lo que la causa no se puede seguir contra Macario Fernández Alonso y la cantidad reclamada es inferior.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas admitió a trámite el pasado miércoles la demanda del Ministerio fiscal, que se suma a la demanda particular presentada por el ex concejal socialista José Antonio Sánchez Penas, que señala en exclusiva al presidente portuario. La Abogacía del Estado, en representación de Puertos del Estado y de la propia Autoridad Portuaria, renunció a formar parte de la demanda por no ver vulnerados los intereses de ambos entes. Sí solicitó estar personada.
El fiscal considera a Losada y Noya "responsables directos" de la cantidad y cree que deben responder solidariamente de la misma. El primero porque entre sus funciones "estaba la de ordenar los pagos". Y el segundo, "en su condición de director de obras actuante en el contrato modificado, que expidió las certificaciones que acreditaban que tales trabajos de dirección de obra habían sido efectiva y correctamente ejecutados por la UTE Langosteira Supervisión". El Ministerio público recuerda que se le abonó el importe de las facturas "cuando tal dirección de obras había sido asumida nuevamente por el personal de la Autoridad Portuaria". Sin las certificaciones de Noya, añade, las facturas "no se hubieran pagado".
Las supuestas irregularidades fueron descubiertas durante la fiscalización de las obras de punta Langosteira entre 2012 y 2014. La instructora nombrada detectó varias anomalías pero la Sección de Enjuiciamiento la redujo el procedimiento a esta cuestión.
El fiscal recoge las conclusiones de la instrucción del Tribunal de Cuentas. La investigación relata cómo, en 2007, el Puerto coruñés aumentó el contrato de asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras con Langosteira Supervisión, de 5,9 millones, para incorporarle también la dirección de los trabajos por un importe de 1,1 millones. El tribunal considera que en realidad no se produjo una modificación del contrato, sino que se elaboró "uno nuevo y distinto".
Para justificar la necesidad de cambiar el contrato, el Puerto argumentó que en 2007 comenzaría la construcción del dique principal de Langosteira y que era preciso "contar con un director de obra dependiente de la Subdirección General de Infraestructura, con dedicación exclusiva a la obra". Desde abril de 2007, fecha en la que se formalizó el contrato, hasta diciembre de ese mismo año, en las certificaciones de obra del proyecto de Langosteira apareció como director el ingeniero Enrique García Ferro, perteneciente a Langosteira Supervisión.
Pero en enero de 2008 volvió a figurar como responsable de la obra Fernando Noya, aunque los pagos a la empresa que tenía contratado a García Ferro, continuaron hasta el final de los trabajos, ya durante el mandato de Enrique Losada al frente de la Autoridad Portuaria de A CoruñaAutoridad Portuariade A Coruña. El fiscal incorpora a su relato la argumentación de la investigación de que Fernando Noya volvió a asumir la función porque "aparecieron críticas en la prensa local sobre la contratación externa del director de obra", en referencia a las informaciones publicadas por LA OPINIÓN desde el 7 de enero de 2007.
Para que haya responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas tiene que considerar probado que Enrique Losada, nombrado hace diez años por el Gobierno de Núñez Feijóo, y Fernando Noya, además de causar menoscabo en las arcas públicas, actuaron con dolo, culpa o negligencia graves. Además de los intereses de demora, el fiscal demanda que se le impongan a los demandados el pago de costas procesales. Tal y como marca la ley, ambos han tenido que depositar una fianza para hacer frente a su posible responsabilidad. Tras aceptar las demandas, la Sección de Enjuiciamiento de Cuentas concede a los demandados un plazo de 20 días para contestar y un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre la cuantía del procedimiento.
