16 de noviembre de 2019
16.11.2019
La Opinión de A Coruña

Facturas de presidente a presidente

El máximo responsable portuario, Enrique Losada, defiende que no hay irregularidades pero que, en todo caso, el contrato señalado por el Tribunal de Cuentas es anterior a su toma de posesión

15.11.2019 | 22:03
Fernández-Alonso y Losada, en la toma de posesión del segundo.

El proceso del Tribunal de Cuentas para investigar posibles irregularidades en la gestión del puerto exterior suma un nuevo capítulo. La Fiscalía del órgano contable ha decidido presentar demanda contra el presidente del Puerto coruñés, Enrique Losada, y el director de Infraestructuras Fernando Noya, al entender que son "responsables directos" del pago de facturas que no se debían de haber abonado. La demanda del Ministerio público se suma a la de un particular. Admitidas ambas, se abre un periodo de alegaciones. La Fiscalía de Cuentas cuantifica en 690.000 euros el dinero que tendrían que reintegrar ambos. El máximo responsable portuario entiende que no hay irregularidades pero también añade que el contrato que se cuestiona no fue firmado con él, sino con su antecesor, Macario Fernández-Alonso, que mantiene silencio sobre el asunto.

El origen del procedimiento de Cuentas. El Tribunal de Cuentas procedió a analizar de oficio cómo se había invertido el dinero en el puerto de punta Langosteira entre los años 2012 y 2014, un informe que concluye que los trabajos acumularon un 27% de sobrecoste sobre los precios iniciales. El puerto, en sus alegaciones, rebajó el encarecimiento al 8,7%. Es el detonante del procedimiento, que analiza si alguien debe responder por la pérdida de caudales públicos por posibles irregularidades en la política de contratación. El instructor cuestiona decenas de adjudicaciones entre 1997 y 2015. Solo una ha acabado bajo la lupa de la Sección de Enjuiciamiento y motivado la reclamación al actual presidente del Puerto coruñés y el alto cargo.

Los presidentes portuarios a cargo de la obra. El informe preliminar de Cuentas fiscaliza el desarrollo de la Langosteira de 2012 a 2014, pero se remonta a contratos de 1997. Aunque la Autoridad Portuaria de A Coruña dependa de Puertos del Estado, el presidente del Puerto es nombrado el Gobierno de la Xunta. Por tanto, siempre han sido designados por el PP salvo durante el Gobierno bipartito. La administración de Manuel Fraga confió en Guillermo Grandío y la de Alberto Núñez Feijóo, en Enrique Losada, que cumplió un decenio en el cargo el pasado junio. La Xunta de PSOE y BNG eligió a Macario Fernández-Alonso.

Las anomalías señaladas por la instrucción. Pone el foco en hechos como que la adjudicación de determinados contratos por procedimientos contrarios a la normativa europea redujo el montante de gastos subvencionables por la UE, que tuvo que asumir el Puerto. El informe destaca que un contrato fue adjudicado a una empresa después de que se ejecutase el encargo, una sociedad que tuvo un total de 13 encargos, siete a dedo. Señala ampliaciones de contratos sin justificación o 14 contratos por 466.000 euros a un catedrático de Aalborg o empresas asociadas.

El contrato cuestionado. De dichas anomalías, el Tribunal de Cuentas concluye que solo una de ellas puede haber causado un menoscabo improcedente en las arcas públicas, un contrato firmado en 2007, durante el Gobierno de Fernández-Alonso, pero cuyas facturas se siguieron abonando tras el cambio de Gobierno portuario. El órgano decidió abrir diligencias para decidir si los responsables de dichos pagos tienen que devolver el dinero, en el caso de haber actuado con "dolo, culpa o negligencia grave". Según interpreta la instrucción y la Fiscalía, se aumentó el contrato a una empresa (Langosteira Supervisión) para incluir la dirección de obra pero menos de un año después dejó de prestar ese servicio y lo volvió a asumir personal del Puerto, en concreto, Noya. Sin embargo, las facturas se siguieron pagando hasta que finalizó la relación contractual al final de 2011. Cuentas concluye que no están prescritas las facturas desde 2009, por lo que no hay reclamación contra Fernández-Alonso.

La demanda del fiscal de Cuentas. La Fiscalía, en su escrito de la demanda aceptada por la Sección de Enjuiciamiento, considera a Losada y Noya "responsables directos" de la cantidad y cree que deben responder solidariamente a la misma. El primero porque entre sus funciones "estaba la de ordenar los pagos". Y el segundo, "en su condición de director de obras actuante en el contrato modificado, que expidió las certificaciones que acreditaban que tales trabajos de dirección de obra habían sido efectiva y correctamente ejecutados por la UTE Langosteira Supervisión" cuando "tal dirección de obras había sido asumida nuevamente por el personal de la Autoridad Portuaria".

La réplica de Losada. Tanto Noya como Losada han sostenido en sus alegaciones que el primero ha sido el director de las obras del puerto exterior desde su comienzo en 2005 hasta su conclusión en diciembre de 2011. Losada califica de "injusto" que el tribunal le reclame la devolución porque estima que su actuación en relación al puerto exterior "excede con creces lo que se podría considerar una gestión diligente". "Me parece terriblemente injusto que a alguien que pasaba por allí se le atribuya esto", comentó en rueda de prensa.

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