La nueva normativa que elabora la Xunta para regular el Informe de Avaliación de Edificios (IAE), que sustituirá a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), presenta graves problemas, según los responsables municipales, que presentaron alegaciones al anteproyecto del decreto autonómico. Según el Gobierno local coruñés, la norma adolece de "exceso competencial", ya que algunos de sus contenidos "inciden directamente en las competencias de los ayuntamientos". A esto se une el que la Xunta exigirá que la evaluación se tramite en el plazo de un año, lo que el Concello considera como "no viable" debido a la existencia en A Coruña de 14.000 edificios que deben presentarla.

Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló la legislación estatal sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE), lo que hace que el Concello no tramite estas iniciativas desde finales de 2017. El Gobierno gallego prepara ahora su propia regulación para el IAE y abrió un plazo de exposición pública, durante el cual el Concello presentó alegaciones, En ellas, recuerda que la Lei do Solo de Galicia atribuye a los ayuntamientos competencias para exigir a los propietarios que cumplan con el deber de conservación de sus inmuebles, pero considera que el decreto sobre la IAE invade ese campo de actuación de la administración municipal.

También pone de relieve el Concello que la fijación del plazo de un año para que se presenten estas evaluaciones desde el momento en que se apruebe el decreto causará "muchas dificultades administrativas" ante el elevado número de edificios que están obligados a presentarla. El establecimiento de "tan corto espacio de tiempo" hará imposible tramitar esos informes, según el Gobierno municipal, que plantea como alternativa que los ayuntamientos establezcan un orden y un calendario para que se presenten, así como que el plazo se inicie en el momento en que se requiera al propietario que elabore el documento.

Otro de los aspectos negativos que destaca el Concello es que la Xunta obligará a presentar el IAE en un año "pero no precisa que el informe que se presente debe ser favorable". Según la administración municipal coruñesa, la regulación debería plantearse de forma que solo se admitiera la presentación de informes que revelen que el estado del edificio es el adecuado, ya que en el caso contrario el IAE "se convierte en un documento puramente formal".

De acuerdo con esta visión, los propietarios se limitarían a cumplir con el trámite de presentarlo en el plazo fijado y, en caso de que su resultado fuera negativo, se "autodenunciarían" y quedarían a la espera de que el ayuntamiento les diera la orden de adoptar las medidas de conservación necesarias. Para evitar esta situación, se propone conceder a los propietarios un año de plazo para realizar todas las obras precisas para corregir las deficiencias de un inmueble y que luego presenten el informe, de forma que este sea favorable. En caso de que el plazo fuera insuficiente para acometer los trabajos, podrían solicitar una prórroga, aunque solo si demuestran que tramitaron la licencia o la comunicación previa de los mismos.

El Concello aprecia también problemas en la labor de verificación previa del cumplimiento de los requisitos del informe que el anteproyecto de decreto atribuye a los ayuntamientos, ya que estima que debe aclararse si tendrá un mero carácter formal sobre los documentos que se entreguen o si debe revisarse su contenido. También reclama que se detalle qué consecuencias tendrá el incumplimiento de esas condiciones y qué relación tendrá con el plazo fijado para inscribir la documentación en el registro que se creará con esta nueva normativa.

Otra de las deficiencias apreciadas es que el anteproyecto no incluye el modelo de anexo al que hace referencia, por lo que el Concello exige que se someta a información pública antes que se apruebe la norma. También se advierte que la necesidad de utilizar nuevas aplicaciones informáticas obligará a que la Xunta forme a los técnicos que realicen las evaluaciones y al personal de los ayuntamientos.

La administración coruñesa rechaza además que el IAE pueda presentarse condicionado a los diferentes problemas que pueda haber en los accesos a las viviendas, así como a la realización de estudios sobre deficiencias o a la adopción de medidas de seguridad. Para el Concello, estas actuaciones deben realizarse antes de que se presente el informe.

Otro problema de la normativa es la "contradicción" existente entre el artículo que obliga a incluir en la evaluación las condiciones de accesibilidad del edificio y el que señala que las mismas solo tendrán un carácter informativo y que no exigirá su cumplimiento.