La exención de un gravamen a la Fundación Amancio Ortega por la construcción de la guardería de A Sardiñeira acabó en los tribunales. A petición del departamento de Inspección de Tributos Municipal, el Interventor municipal emitió un informe en 2018 que concluía que el compromiso del Concello para asumir el impuesto de construcciones, firmado en 2014, no tenía amparo legal. El habilitado nacional, encargado de controlar las decisiones municipales, advirtió además que el convenio rubricado por la entidad, la Xunta y el Ayuntamiento no se había sometido a la fiscalización obligatoria. En virtud de este dictamen, el Gobierno de Marea giró el recibo a la fundación y esta lo llevó ante el juez. El PP, que gobernaba cuando se firmó el convenio cuestionado por el interventor, justifica que en Galicia se construyeron nueve escuelas infantiles con el mismo modelo de convenio y que fue cada Concello el que eligió cómo formalizar la exención.
El Gobierno del PSOE ha decidido asumir el impuesto y frenar el contencioso. Lo aprobó ayer en junta de gobierno al entender, tras un informe que encargaron a la Asesoría Jurídica, que el Concello se había comprometido a pagar los 48.000 euros del ICIO aunque fuese de forma irregular. Vaticinan que acabaría en una indemnización.
"Hay que recordar que los criterios y los requisitos fueron iguales para todas las ubicaciones; dentro de ese marco cada Concello elegía la modalidad más conveniente para hacer efectiva la exención dentro del abanico legal", explican los populares. El ex alcalde Carlos Negreira y la concejal Beatriz Mato, por entonces conselleira, rubricaron aquel convenio. Sin hacer referencia a las objeciones de Intervención Xeral a la legalidad de la fórmula de exención y al convenio, acusan a Marea Atlántica de "intentar romper el espíritu del acuerdo" y lo relacionan con las críticas de Pablo Iglesias a las donaciones de Amancio Ortega.
Marea, que gobernaba cuando abrió la escuela en 2016, señala que era un equipamiento "necesario y muy bienvenido" pero, "en lugar de ser construida con fondos públicos de la administración", la Xunta "lo dejó en manos" de la fundación y se le prometió la exención de un impuesto "mediante un convenio que ni cumplía con la normativa vigente ni fue fiscalizado". "Una chapuza más de los que presumen de buenos gestores", critican. Marea recuerda que es la fórmula que también ha elegido la Xunta para levantar la residencia de mayores de Eirís en una parcela cedida por el Concello, "sin que la Xunta ponga un euro".
En la misma línea, el BNG señala que lo sucedido es consecuencia "de una práctica política que no compartimos, la que lleva a que la Administración pública desatienda sus obligaciones haciéndolas descansar en entidades privadas". Pone también como ejemplo los presupuestos de 2020, donde la mayor inversión para A Coruña de la Xunta es la que hará la misma fundación en Eirís.
La edil de Ciudadanos, Mónica Martínez, reparte culpas entre PP y Marea. A los primeros les achaca una "irresponsabilidad manifiesta" por usar una forma que no era "correctamente legal". A los segundos, por cargar en la entidad "el coste de un compromiso adquirido que debe cumplirse". "No tenía sentido, ni legal ni moral, continuar con la vía judicial", dice.
El PSOE, que ha decidido aceptar la reclamación de la fundación, señala que han usado la vía"adecuada para corregir un error" cometido en 2014 al incluir una exención "que no podía realizarse". La fórmula para cumplir la ley y, a la vez, el convenio se definirá, una vez comunicada la intención municipal al juzgado, "en la ejecución de la sentencia que ponga fin al procedimiento". El Gobierno local señala que la fundación sí abonó otras tasas por la misma obra "de claro interés municipal".
