La Junta de Gobierno Local aprobó ayer de forma inicial tres modificaciones del presupuesto que suman 6,7 millones de euros, de los que la práctica totalidad irá destinada al pago de las indemnizaciones a los expropiados en Castro de Elviña entre 2001 y 2005, a los que una sentencia judicial reconoció el derecho a una mayor compensación.
La mayor parte de los fondos, 6,1 millones, procede del superávit municipal de 2018, a los que se sumarán 131.000 euros del remanente de tesorería de ese mismo año. Otro cambio presupuestario proporcionará 453.000 euros que se obtendrán del remanente de tesorería de este año y un tercero, de solo 20.000 euros, se dedicará a subvenciones.
Pero para poder utilizar el superávit del año pasado, el Gobierno local precisa de la autorización del Ministerio de Hacienda, que exige que ese tipo de fondos se destinen a pagar deuda, aunque el concejal José Manuel Lage informó ayer que mantiene contactos con el Ejecutivo central para conseguir que se dediquen al pago de las expropiaciones y no tener que usar recursos del próximo presupuesto.
Aprobación en pleno
Marea Atlántica, cuyo voto es imprescindible para que se aprueben en el pleno estas modificaciones del presupuesto, criticó ayer que se le facilitase la información el día anterior y que el superávit no pueda dedicarse a inversiones por no haberse cumplido el periodo medio de pago a proveedores.
También el Partido Popular afeó este aspecto de la gestión de los socialistas y culpó a Marea de haber ocultado la sentencia sobre las expropiaciones del Castro de Elviña durante su mandato por deberse a una "chapuza urbanística millonaria" y así no perjudicar al que podría ser su socio tras las elecciones, a lo que añade que existe un "bipartito de facto" entre ambos partidos.
Ciudadanos respaldó que se abonen las indemnizaciones a los afectados, pero también que se busquen "fórmulas que tengan un menor impacto en las cuentas municipales".
