El Concello enviará más documentación al juzgado que lleva el procedimiento para la recuperación del pazo de Meirás con el fin de participar en el proceso, como harán Sada y la Xunta. Fuentes municipales señalan que se aportará más información después de que la juez rechazase el personamiento de A Coruña al entender que no había acreditado su "interés legítimo".

Fue el pasado 30 de octubre, hace casi un mes, cuando el Concello envió la solicitud para que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña lo incluyese como parte en el pleito. La jueza inadmitió esta solicitud porque el Ayuntamiento "no ha conseguido acreditar el interés legítimo y directo" en un "escueto escrito" que ahora deberá ser completado.

La magistrada ha comparado la escasa documentación de A Coruña con los informes que "detalladamente" enviaron Xunta y Sada, que sí han conseguido personarse, objetivo que ahora persigue el Concello. Según la juez encargada del procedimiento, la "única referencia que hace" el Concello, en su primer escrito, sobre el pazo de Meirás es "la activa intervención que tuvo el Ayuntamiento en el pasado favoreciendo la adquisición", en 1938.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, expuso ayer que "es obvio que el Concello es parte interesada", por lo que insta al Gobierno local a que presente más información, a lo que ya se ha comprometido. "La historia está ahí. Después del golpe, el Concello, ya en manos de los franquistas, formó parte de la Xunta pro pazo y puso dinero en él. Ahora es lógico que la institución participe en su restitución al patrimonio público", analiza el portavoz nacionalista, que defiende que el Ejecutivo local debe completar esa documentación para que la magistrada "acabe por autorizar su comparecencia en el proceso". En sus exigencias, Jorquera se apoya en la moción del BNG aprobada en el pleno el pasado 13 de septiembre, mediante la cual se acordaba acudir a los tribunales para personarse en el proceso abierto por la Administración general del Estado contra los herederos de Francisco Franco para anular los actos jurídicos que derivaron en la entrega de la propiedad inmobiliaria al dictador y recuperar la Casa Cornide.