La construcción de la estación intermodal en San Cristóbal, impulsada por Concello, Xunta y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dejará liberados los terrenos donde ahora se encuentra la estación de autobús. El Gobierno local y la Administración autonómica discrepan sobre la titularidad de estas parcelas, que cada una defiende como propias. El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ordena lo que está permitido que se haga en la parcela de la estación de bus y su entorno, hasta Ramón y Cajal: dos torres, de 16 y 8 alturas, una zona verde y equipamientos. Se trata de un polígono de más de 74.000 metros cuadrados cuyo desarrollo requiere la aprobación un plan especial, que es competencia del Concello pero tiene que ser avalado por el Gobierno autonómico.

La Xunta, que se considera titular del terreno que ocupa la estación y que ha iniciado un procedimiento para que vuelvan oficialmente a sus manos, insiste en que no está interesada en la construcción de edificios. Según el PGOM, estos se levantarían fuera del perímetro de la actual terminal, entre Cabaleiros y Alfonso Molina, en una pequeña zona verde con una fuente. Actualmente, forma parte del sistema viario. Sobre ese suelo se podrían erigir las dos torres, que el plan general recoge como de iniciativa pública para viviendas de protección. La superficie edificable es de 37.097 metros.

Para equipamientos se reserva solo una parte de 9.106 metros cuadrados donde ahora se encuentra la estación de autobuses. El resto, casi un 75% de la superficie disponible (27.315 metros cuadrados), se destinaría al parque.

El plan general señala que este "parque central" permitiría "salvar la diferencia de cota existente entre la estación de San Cristóbal y la calle Ramón y Cajal en su recorrido hacia el puerto". La Louga permite desafectar terrenos dotacionales como este y venderlos para construir si los ingresos sirven para financiar infraestructuras públicas. Hay que hacerlo a través de un convenio entre administraciones. Era el plan inicial para la estación intermodal, que ahora el Gobierno gallego ha solicitado sacar del convenio para San Cristóbal. Primero, por la discrepancia en la titularidad y, segundo, porque la operación se diseñó en plena burbuja y no se puede fiar la financiación de las infraestructuras a "hipotéticos" ingresos por venta de suelo para construir pisos.

Hace unos días, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, calificó estos terrenos de "enclave fundamental para llevar a cabo un desarrollo urbanístico que permita una dotación importante". Señala que se trata de una "zona comercial", próxima a El Corte Inglés y Cuatro Caminos, que, tras la construcción de la intermodal en San Cristóbal, va a tener "un relanzamiento de actividad". El Gobierno de Marea había adelantado el pasado febrero su intención de convertir la estación en el cuartel de la Policía Local, una vieja demanda de la plantilla. Tanto el Ejecutivo como la Consellería quieren evitar la polémica sobre la titularidad para que no interfiera en la negociación del convenio de la intermodal. El jueves, la Xunta envió un borrador a Adif y Concello sobre la nueva estación en el que elimina las operaciones inmobiliarias.

Sobre sus planes para la zona, el Gobierno gallego dice que analizará las necesidades de la ciudad. Toma como ejemplo Santiago y Lugo, en las que, tras la construcción de la intermodal, las instalaciones sin uso a las que llegaba el transporte colectivo por carretera dejarán paso a un edificio administrativo y un intercambiador de transporte, respectivamente.