Afectados por las expropiaciones del castro del Elviña ejecutadas entre 2001 y 2005 exigen al Concello saber cuánto y cuándo se les va a pagar después de que la Junta de Gobierno Local extraordinaria aprobase el pasado viernes un cambio en el presupuesto por el que pretende destinar casi 6,7 millones de euros a este pago, que el Tribunal Supremo cifró en 12 millones de euros. Lo explica el abogado Juan Manuel Santos Porto, que junto a José Manuel Liaño Flores representa a la mayor parte de los vecinos expropiados en el castro, que asegura que "nunca se les notificó la resolución" que detalla la cuantía de los pagos.
El fallo del Tribunal Supremo reconoce a los demandantes que el precio de sus fincas debe elevarse de los 12 euros por metro cuadrado que ofreció el Concello a los 50 euros que dictó una comisión administrativa. A esto habría que añadir los intereses generados durante un proceso que se inició hace casi dos décadas. "Siguen ocultando las cifras y no nos dicen cuánto van a pagar", indica Santos, al que no le importa la cuantía total que destine el Ayuntamiento a este pago sino "cada expediente individual".
El abogado de los expropiados del castro de Elviña explica que, el pasado septiembre, presentó un escrito en el Concello, al que solicitó una reunión, para estudiar la liquidación de intereses y completar los expedientes, pues en algunos casos los titulares ya han fallecido. "Han pasado 20 años e incluso hay terceras generaciones. Por eso es necesario actualizarlo, pero nunca recibimos respuesta por parte del Ayuntamiento", lamenta, a la vez que insiste en que los afectados "quieren saber cómo se van a calcular los intereses que les corresponden y cuándo prevén efectuar el pago".
En caso de demora, apunta Santos Porto, no descarta "exigir responsabilidades" para resolver un caso que "lleva parado 20 años". Reconoce el abogado que el cambio en el presupuesto „a través de un modificativo de crédito„ supone un paso adelante, pues "es la primera vez que se hace algo en todos estos años".
La modificación está supeditada a una consulta que el Ejecutivo ha hecho al Ministerio de Hacienda. Si informa favorablemente, el Gobierno local dedicará 6,1 millones de euros del superávit para pagar a los expropiados entre 2001 y 2005. Aunque todavía quedarían por pagar otros 8,4 millones de euros hasta los 14,5 millones que dicta el Supremo. En caso de que el Ministerio se pronuncie en contra de que el superávit se pueda dedicar al pago de una sentencia judicial, el Ejecutivo local destinará los 6,7 millones de euros a amortizar deuda a medio y largo plazo, como establece la ley de estabilidad presupuestaria.
Los afectados por estas expropiaciones del castro de Elviña ya exigieron formalmente, hace dos años, el pago que se les debe. El abogado presentó en 2017 una alegación al presupuesto de aquel año para que el Concello incluyese la deuda con sus clientes. El recurso fue desestimado. Su intención era volver a alegar las cuentas de 2019 para que se tuviese en cuenta el fallo judicial que obliga al Concello a pagar 14,5 millones de euros.
