La Corporación municipal aprobó en el pleno extraordinario de ayer modificar el presupuesto para destinar los 6,1 millones de euros del superávit de 2018 a pagar parte de las indemnizaciones pendientes de pago a los propietarios de suelo del castro de Elviña, a los que la Justicia dio la razón frente al Ayuntamiento. Votaron a favor los socialistas, promotores de la propuesta, y Ciudadanos.
La operación necesita el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que debe determinar si cumpliría la normativa de estabilidad presupuestaria. El interventor municipal no lo considera probable, según un informe incorporado, en el que señala que "no es posible en este momento" destinar el superávit al pago de sentencias.
El resto de partidos de la oposición se abstuvieron, alegando que prevén una respuesta negativa de Hacienda. Sí que hubo unanimidad en la aprobación de otra modificación de crédito, de 453.265 euros, también destinado a las indemnizaciones de Elviña, pues no presenta dudas legales.
De acuerdo con el expediente de modificación presentado por el Gobierno local, la liquidación del presupuesto municipal del año pasado arrojó un saldo positivo de algo más de 11 millones de euros, de los que unos 4,95 millones ya se han gastado. Siguiendo la normativa presupuestaria, y dado que el Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos de pago a proveedores, la suma restante debería destinarse a cubrir deuda.
Los socialistas proponen que el dinero se destine a indemnizar a los propietarios expropiados por el castro de Elviña entre 2001 y 2005, con Francisco Vázquez en la Alcaldía. El Ayuntamiento, señala el documento, debe 12,019.641 euros, incluidos los intereses de demora, tras una sentencia del Tribunal Supremo que aumentó el justiprecio de los terrenos. Los letrados que representan a los afectados exigieron el pasado septiembre una reunión para resolver los pagos.
Según la interpretación del PSOE, "teniendo en cuenta la firmeza de esta sentencia y a la vista de la exigibilidad de la misma", las indemnizaciones podrían considerarse deuda pública. El Ayuntamiento ha enviado una pregunta en este sentido a Hacienda, después de conversaciones previas en las que le recomendaron hacerlo.
En el caso de que el informe sea desfavorable o no se admita en plazo para este ejercicio, el dinero se destinará a la amortización de préstamos fuera de plazo. Dentro del mismo modificativo se incluye una suma menor que se destinará directamente a este fin, correspondiente a 131.867 euros no ejecutados de un proyecto aprobado en 2017.
Rechazo de la oposición
La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, apoyó la iniciativa para detener la "sangría" de las indemnizaciones, señalando que casi cuatro millones son intereses de demora derivados de intereses judiciales del 3% y achacables a la "irresponsabilidad" y "mala gestión" .
Los concejales del PP, el BNG y la Marea que intervinieron en el pleno argumentaron que ante una respuesta negativa del ministerio, que consideran la más probable, el dinero irá para la banca a la que el Ayuntamiento adeuda dinero por préstamos para inversiones en obras y que está pagando intereses inferiores a los judiciales. La concejala popular Rosa Gallego calificó la propuesta de "chapuza" y afirmó que en 2018 ya se destinaron otros 15 millones de euros de superávit a abonar deuda "por no cumplir el periodo medio de pago".
El concejal de Marea Iago Martínez criticó también las demoras en el pago a proveedores del Ayuntamiento, que "en agosto superó los 60 días", y señaló que su formación no votaría a favor de "pagar casi seis millones a la banca". El líder nacionalista, Francisco Jorquera, manifesto además su rechazo a los "dogmas neoliberales" de la estabilidad presupuestaria y defendió la autonomía local.
El pleno municipal aprobó una tercera modificación del presupuesto destinada a repartir entre tres proyectos sociales, a partes iguales, una partida de 20.000 euros que se había concedido como subvención a SOS Racismo y a la que la entidad renunció por la tardanza en recibir el dinero.
El PP propuso la semana pasada destinar 13.750 euros del monto a Padre Rubinos, alegando que, si no, la suma pasaría a la caja municipal. Posteriormente Marea presentó una enmienda para incluir una ayuda a la ONG Viraventos y, finalmente, el PSOE propuso que parte del dinero fuese al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para la gestión de los centros de día de Monte Alto y de Eirís.
Tras un receso para acercar posturas, todos los partidos excepto el PP votaron a favor de distribuir el dinero equitativamente entre las entidades. Los populares se abstuvieron, denunciando que la semana pasada ya se había llegado a un acuerdo.
