05 de diciembre de 2019
05.12.2019

La Valedora ordena identificar a los que revisan los acuerdos de Someso

La decisión da la razón a la petición de un vecino que el Concello denegó para "evitar posibles perjuicios para la investigación"

04.12.2019 | 22:56

La Comisión de Transferencia de Galicia, presidida por la Valedora do Pobo, ha emitido una resolución que obliga al Ayuntamiento de A Coruña a responder a una petición ciudadana de información acerca de qué autoridades y funcionarios intervienen en el expediente de revisión de oficio de los acuerdos de Someso, necesaria para la posible reclamación de responsabilidades contables por la gestión del polígono. Hasta ahora, el Concello se había negado a facilitar esta información alegando que debía proteger los datos personales de los afectados y "evitar posibles perjuicios para la investigación en curso".

El proceso se inició cuando el exconcejal socialista José Antonio Sánchez pidió al concello los nombres de los responsables del expediente, que ocupa a funcionarios municipales designados por la directora de Urbanismo y que debe revisar "una serie de cuestiones relativas a la titularidad y situación física" de algunas parcelas del polígono, en palabras de la funcionaria. Cuando finalice este informe, que según señalaba el año pasado el Gobierno local, es "de gran complejidad técnica, por lo que no se puede indicar la fecha concreta de finalización", se trasladará al Consello Consultivo.

No ha trascendido si se trata de las 22 parcelas municipales que, según un informe jurídico encargado durante el Gobierno local del Partido Popular, fueron aportadas a una junta de compensación de promotores inmobiliarios activa entre 2002 y 2006. El Concello no respondió a la petición original de Sánchez, que fue denegada por silencio administrativo. El exedil recurrió posteriormente a la Comisión de Transparencia, que requirió al Ayuntamiento que justificase su decisión.

La decisión de este órgano desestima los argumentos que esgrimió el Gobierno local para desestimar la petición. Según señala, los datos identificativos del funcionariado "están sometidos al régimen general de acceso", por lo que con carácter general pueden suministrarse "sin que sea necesario el consentimiento de la persona afectada". Así, obliga al Concello a acceder a la petición, "previa audiencia con los titulares de los datos" para que puedan oponerse al acceso "en atención a circunstancias personales y extraordinarias".

Las parcelas de Someso se expropiaron para construir un campo de fútbol y una carretera, pero posteriormente el Gobierno local de Francisco Vázquez las recalificó y vendió a promotores inmobiliarios. Los propietarios originales de las parcelas recurrieron a los tribunales y ganaron varios juicios al Ayuntamiento. Las sentencias han generado indemnizaciones por más de veinte millones de euros a las arcas municipales.

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