Los antiguos propietarios de tierras en el Castro de Elviña, que fueron expropiados entre 2002 y 2005 para la ampliación del yacimiento arqueológico, reclaman al Concello que les abone los 12 millones de euros que les adeuda antes del 30 de junio, como aseguran que les prometieron recientemente. La decisión del Ministerio de Hacienda de no permitir el destino de los 6,1 millones del superávit de 2018 a pagar estas indemnizaciones no debe influir sobre este compromiso, según Juan Manuel Santos, uno de los abogados de los afectados, quien considera que el Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para hacer frente a los pagos.

El Gobierno local destinó ya 450.000 euros para estas expropiaciones y recibió la autorización de Hacienda para dedicar el superávit que se genere este año a ese mismo fin. La baja ejecución del presupuesto de este ejercicio hace prever que el excedente sea notable y suficiente para pagar las expropiaciones, aunque para ello habrá que esperar a que se efectúe la liquidación.

"Está claro que se puede habilitar la partida presupuestaria correspondiente y establecer un plan razonable de pagos en cualquier momento", asegura Santos, para quien el abono de los 12 millones es "solo cuestión de voluntad de que el Ayuntamiento quiera cumplir con las obligaciones que tiene o de seguir tomándole el pelo a los ciudadanos".

Para este letrado, el Gobierno local puede recurrir a la solicitud de un préstamo bancario o utilizar sus propios recursos, aunque el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, se pronunció ya la semana pasada en contra de hacer uso del presupuesto de inversión del Concello para este fin.

Santos entiende que los argumentos empleados por el Gobierno local sobre los superávit de los dos últimos ejercicios son cuestiones contables que no deben afectar a los expropiados, ya que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obligó a pagarles una cantidad muy superior a la reconocida inicialmente fue confirmada por el Supremo en febrero y había un plazo de tres meses para ejecutarla. "Han tenido tiempo más que de sobra para habilitar esa partida presupuestaria", advierte el abogado, quien considera que la actitud del Concello "no es más que un juego después de 21 años de espera".

Cuando el Concello puso en marcha en 1998 el plan para expropiar en Castro de Elviña ofreció a los propietarios un precio de 12 euros por metro cuadrado, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo incrementó hasta los 50 euros. El compromiso municipal, según Santos, es liquidar todas las compensaciones "antes del segundo semestre", aunque admite que no se ha manifestado por escrito y que "aunque lo digan por escrito es posible que lo incumplan".

Ambas partes prevén reunirse en los próximos días para avanzar en las cuestiones que están pendientes, ya que debe determinarse qué cantidad le corresponde a cada antiguo propietario. El letrado destaca que en las conversaciones mantenidas hasta ahora los responsables municipales "han mostrado la mejor disposición", por lo que califica de "extraña" las alusiones al superávit como forma de pago de las expropiaciones. El pago de estas compensaciones en 2020 en lugar de mediante un calendario más dilatado liberará al Ayuntamiento del abono de un interés del 3% por la demora desde que se emitió la sentencia, una tasa muy elevada con relación a la habitual, situada entre el 0,3% y el 0,7%.