La Junta de Gobierno local aprobó ayer, en una sesión extraordinaria, la intervención temporal de la planta de tratamiento de basuras de Nostián, después de que la concesionaria del servicio, Albada, decidiese plantear un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al 40% de la plantilla al entender que, a partir del 1 de enero de 2020, no tiene la obligación de seguir tratando los residuos procedentes de los concellos del Consorcio As Mariñas. Y, por tanto, que solo precisa personal para procesar la basura de A Coruña. El ERTE fue notificado a los 39 trabajadores afectados el 11 de diciembre.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó ayer, tras la reunión extraordinaria, que la primera decisión que tomará el personal que designe el Concello para hacerse con la gestión de la planta será retirar el ERTE para que toda la plantilla conserve su trabajo en las mismas condiciones en las que las había desarrollado hasta la expulsión de Albada de la dirección de las instalaciones municipales.

El Concello de A Coruña, como propietario de la planta, otorga tres días hábiles a Albada antes ejecutar la intervención temporal, para que reconsidere su decisión "unilateral" de negarle el servicio al Consorcio a partir del 1 de enero y siga trabajando en 2020 en las mismas condiciones en las que lo hizo hasta este año, en cumplimiento de la prórroga forzosa del servicio aprobada el 6 de noviembre por la Junta de Gobierno Local. Albada tiene, entonces, hasta este viernes, 20 de diciembre, para rectificar su decisión. Si no lo hace, según fuentes municipales, los técnicos designados por el Concello tomarán el control de la dirección de la planta el próximo lunes, 23 de diciembre.

La intervención será temporal y tiene un plazo máximo de ocho meses, una fecha que, según la alcaldesa, tiene base jurídica y que no está ligada a la futura adjudicación del servicio, que está todavía pendiente de salir a concurso y para la que Rey no dio ayer plazos.

Fuentes de Albada explicaron ayer a este diario que, una vez recibida la notificación del Concello con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, serán sus servicios jurídicos los que decidirán qué hacer, aunque adelantaban ya que, para la empresa no había cambiado nada con esta incoación del expediente de intervención temporal y que no habrá "ningún movimiento de forma inmediata". En este proceso, hay dos posiciones encontradas, la de Albada, que defendía que su vinculación con el Concello terminaba en noviembre de este año y la del Gobierno local, que situaba esa conclusión a finales de 2020.

Para subsanar ese enfrentamiento, la Junta de Gobierno Local aprobó el 6 de noviembre, la prórroga forzosa de la concesión, de modo que exigía a Albada que siguiese prestando el servicio en las mismas condiciones que hasta ese momento a partir de 2020. Fue entonces cuando Albada interpuso un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo y decidió "unilateralmente" que a partir del 1 de enero solo trataría la basura de A Coruña. El Gobierno local entiende que la empresa no puede tomar esa decisión sin el visto bueno del Ayuntamiento, que es el propietario de las instalaciones y quien adjudicó en 1998 el servicio.

La incoación del expediente implica que el Concello sustituirá "de las facultades empresariales de dirección de la explotación del servicio que presta la Unión Temporal de Empresas (UTE) Albada, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio en lo que respecta al cumplimiento de los reiterados requerimientos recibidos por la concesionaria". Es decir, para que la planta siga tratando los residuos tanto de A Coruña como del Consorcio As Mariñas hasta que "desaparezca esa perturbación grave y no reparable por otros medios del servicio y, en cualquier caso, por un periodo máximo de ocho meses".

Rey defendió ayer que esta intervención tiene como objetivo "evitar tres crisis", una ambiental, "que podría provocar desajustes graves en la recogida de la basura", sobre todo durante la época navideña, también una "crisis económica", ya que está "en peligro la viabilidad de la planta" y una "crisis laboral", puesto que se perderían 39 puestos de trabajo.

Sobre si esta operación ocasionará un gasto al Concello, la alcaldesa aclaró ayer que no, que los salarios, tanto de la plantilla, como del personal que acuda a gestionar la planta correrán a cargo de Albada y puntualizó también que el personal de la concesionaria tiene contraído el deber de "colaboración" con la nueva dirección.