La magistrada titular del Jurado de Instrucción número 8 de A Coruña ha archivado la querella que presentó la concejala popular Rosa Gallego contra la edil de Marea Atlántica Claudia Delso, ex titular del área de Participación, por la concesión de la gestión de la antigua prisión de la torre a Proxecto Cárcere. El Partido Popular intentó que la edil, ahora en la bancada de la oposición, fuese encausada por un delito de prevaricación. Decreta el sobreseimiento provisional por no "resultar debidamente justificada la perpetración del delito".

La jueza, que recibió la denuncia de la Fiscalía, da por probado que Delso contaba con informes jurídicos y técnicos "que avalaban la regularidad de lo que firmaba" en cuanto a las bases del concurso. Sobre el desarollo incompleto del convenio, por no poder desarrollarse la actividad pactada por los problemas en la rehabilitación del edificio, el auto de archivo considera que "no puede decirse que se mantuviese la adjudicación pese a no poder cumplir el uso sociocultural propuesto, pues se preveía la posibilidad de hacerlo más tarde".

El escrito judicial señala que la popular Rosa Gallego presentó un Contencioso mucho antes de la denuncia a Fiscalía, que motivó las diligencias que ahora se archivan, con "prácticamente el mismo contenido en dicha demanda". Para la magistrada, esto es "indicativo" del conocimiento que tenía la concejala conservadora de que, "más que una infracción penal, podría tratarse de una mera irregularidad administrativa". "En otras palabras, no existiría prevaricación porque cabría la posibilidad de sostener la resolución con una interpretación de la ley distinta a la que efectuaron los denunciantes", concluye.

Segundo archivo

El pasado febrero, la Fiscalía también archivó la denuncia del PP por la compra de pisos para alquiler social contra los ex responsables de Contratación y Urbanismo, Alberto Lema y Xiao Varela. El Ministerio público no apreció "trascendencia penal" tras investigar el caso ni datos que permitan sostener que existiera connivencia entre la comisión técnica de valoración, formada por funcionarios, y el Gobierno local para adquirir en concurso público dos viviendas a un firmante del manifiesto fundacional de Marea Atlántica