La Xunta ha blindado su veto al alquiler turístico por habitaciones. Pese a que el Tribunal Supremo anuló el pasado octubre esta prohibición, el Gobierno gallego buscó el mes pasado una fórmula para mantener e incluso consolidar la directriz: elevar el decreto a categoría de ley. Advierte, además, de que impondrá sanciones de hasta 9.000 euros a los dueños que alquilen habitaciones de pisos que los promocionen, publiciten o comercialicen como si fueran turísticos. Los propietarios sí podrán arrendar los inmuebles por estancias si no hacen referencias al turismo. El Ejecutivo autonómico consolida así una clave que diferencia la normativa gallega de otra comunidad puntera en experimentar y regular el auge de pisos turísticos: el País Vasco. La norma vasca sí permite alquilar para turismo habitaciones dentro de viviendas habituales.
