La valoración catastral de A Coruña y Oleiros se encarecerá un 3% en 2020, después de que sus correspondientes Gobiernos locales pidiesen al Estado que incluyese a los municipios entre aquellos que debían actualizar sus cifras. Dado que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se calcula a partir del valor catastral y una carga que fija el Ayuntamiento, el importe del impuesto subirá en unos tres puntos el año que viene si los respectivos Gobiernos locales no disminuyen la segunda.

El recibo medio de la contribución en A Coruña fue de 356,52 euros en 2018, el último año del que hay información. Con la subida del 3% los coruñeses pasarán a abonar 10,68 euros más; el recibo medio pasará a ser de 367,32 euros, el más alto de Galicia.

Aunque existen más factores, esta subida se corresponderá con un incremento similar en la recaudación. En el caso de A Coruña, el borrador de presupuestos para 2020 prevé un incremento de ingresos por el IBI a inmuebles de naturaleza urbana de casi un 1,8 millones de euros, un 2,97% más que en 2019, hasta los 62,09 millones de euros. El que se cobra a bienes de características especiales sube un 3,98%, hasta 3,42 millones. Los 65,51 millones que suman son el mayor importe en el historia del Concello, según el actual Gobierno local.

El valor se actualiza en base al año en que entró en efecto el documento de referencia para el cálculo catastral de cada municipio, denominado ponencia catastral. Así, si se publicó entre 1984 y 1988, sube un 5%; entre 1989 y 2003, como es el caso de A Coruña y Oleiros, un 3%; y si se realizó entre 2011 y 2013, baja un 3%.

De acuerdo con el Decreto-ley 18/2019, publicado en el BOE de ayer, el coeficiente de actualización que le corresponde a A Coruña es de 1,03, puesto que la entrada en vigor de la ponencia de valores del municipio fue en 1997, con una ponencia parcial que entró en efecto en 2001. En Oleiros la ponencia es de 1998, con diversas ponencias parciales hasta 2012.

En ambos municipios, la última actualización fue en 2011, cuando les correspondió un coeficiente de uno, lo que quiere decir que los valores ni aumentaron ni disminuyeron en relación a los calculados en 1997. La actualización no es automática, sino que se pide por una reclamación expresa de los Ayuntamientos afectados, y, según señala el BOE, sirve para "reforzar la financiación municipal". Los Gobiernos locales no han podido decidir el monto en que aumenta el valor catastral, pero sí podían estimar en qué rango se produciría: el incremento para los municipios con una ponencia de valores de 1997, fue del 4% en 2018 y del 3% en 2019.

Para pedir la actualización, de hecho, los ayuntamientos debían cumplir tres requisitos: que la ponencia de valores fuese anterior a 2015, que desde ella se hayan producido "diferencias sustanciales entre el valor de mercado", y que la solicitud se realizase antes del 31 de julio. En A Coruña se pidió este año, ya con el Gobierno local socialista.

Fuentes del Ejecutivo señalaron ayer que la actualización es "lo normal" en la historia reciente y que "la pregunta es por qué no se hizo en los ocho años anteriores", cuando gobernaron PP y Marea. El IBI, defiende, es "uno de los impuestos más relevantes" para el Ayuntamiento y "básico para poder mantener los servicios" e invertir en nuevos proyectos.

La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, anunció ayer que su partido exigirá que el incremento se "compense" en los presupuestos, incluyendo "ayudas que atenúen este 3%, incluyendo bonificaciones para las familias que más lo necesiten".