El Gobierno local aprobará este año una nueva ordenanza reguladora de las ayudas municipales pedidas por los ciudadanos para la conservación y rehabilitación de edificios, con la que pretende simplificar la tramitación de las solicitudes, controlar las obras que se ejecuten y comprobar sus importes a través de la integración de pasos como la petición de ayudas y la concesión de permisos para obrar. El ordenanza será así por séptima vez desde su aprobación inicial en 2006. La Concejalía de Urbanismo recogerá sugerencias ciudadanas al texto hasta el próximo 21 de enero antes de iniciar el proceso para su nueva aprobación y entrada en vigor.
El Ejecutivo local advierte "debilidades" en la ordenanza a partir de las dos últimas convocatorias de ayudas, en 2017 y 2018, que, añade, han provocado dificultades en la interpretación del texto regulador en aspectos como la validación de la documentación presentada en las solicitudes o el cumplimiento de las condiciones exigidas a los peticionarios. La convocatoria de ayudas de 2019 quedó aplazada para 2020, tras alegar el Concello el pasado noviembre que se había producido un atasco en las tramitaciones. Con el retraso, la próxima convocatoria prevista, en 2020, tramitaría los expedientes acumulados desde 2018.
La nueva ordenanza prevé suprimir trámites intermedios que no sean imprescindibles e integrar el proceso de solicitud de ayudas con el procedimiento de obtención de los permisos municipales que habilitan la ejecución de los trabajos. La normativa que entrará en vigor en 2020 tiene por objeto ordenar los documentos que haya que presentar en el momento de demandar las subvenciones y cuando el solicitante tenga que justificarla, así como definir de forma más precisa las actuaciones que se lleven a cabo en los inmuebles objeto de rehabilitación o conservación. Con este objetivo, el Concello quiere estructurar mejor "los pasos alcanzados en campos como la eficiencia energética, accesibilidad, habitabilidad, sostenibilidad y conservación".
El Gobierno local explica en una nota informativa que la aprobación de una nueva ordenanza para regular las ayudas a la rehabilitación responde la necesidad de poner en práctica "los objetivos del desarrollo sostenible adoptados por la ONU en 2015 en las políticas estratégicas del Concello", en particular con el reto de que la ciudad sea más compacta e inclusiva a través de la mejora de sus condiciones de eficiencia energética, movilidad o integración de la diversidad.
Lo que no explica el Concello es si la nueva ordenanza mantendrá algunos de los cambios aplicados en el Gobierno de Marea Atlántica, como la introducción de criterios de renta en los solicitantes para la concesión de subvenciones o la ampliación de las aportaciones para los propietarios de viviendas del ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería, que pasaron de percibir 5.000 a 15.000 euros.
En 2018, el último año en el que hubo convocatoria de subvenciones, el Concello tramitó ayudas para 1.829 viviendas, un 25% más respecto a dos años antes. El importe de las ayudas en todo el mandato anterior pasó de 2 a 2,65 millones de euros. El Gobierno socialista destaca de momento, a la espera de recibir las sugerencias ciudadanas, que la nueva regulación articulará mejor la documentación técnica de las obras para las que se pida ayuda, los presupuestos de los trabajos y la justificación técnica de los mismos "para evitar discrepancias posteriores sobre la procedencia de otorgar definitivamente las ayudas".
Inspección de edificios
De forma paralela a la tramitación de la nueva ordenanza para regular las ayudas a la rehabilitación, el Concello desarrollará la adaptación de la ordenanza reguladora de la inspección de edificios a la nueva ley gallega de rehabilitación. Con ello pretende retomar esta actividad, paralizada en 2018 y 2019 debido a una sentencia del Tribunal Constitucional que declara contraria a la Constitución la normativa básica estatal en materia de inspección de inmuebles e informes de evaluación.
La Concejalía de Urbanismo preveía el año pasado recuperar a lo largo de 2020 las revisiones técnicas a los inmuebles catalogados de la ciudad y a aquellos que tienen más de cuarenta años de antigüedad, un proceso que cada año supone la tramitación en distintas fases de alrededor de 500 expedientes.
