La elección por el Concello de la fórmula de la expropiación forzosa para adquirir el complejo deportivo La Solana, ahora propiedad de la Autoridad Portuaria, implicaría el fin de la actividad de la empresa Metropolitan, que actualmente explota las instalaciones mediante un contrato de alquiler que termina en 2027, según advierte el secretario municipal en el informe jurídico que acompaña a la modificación del plan general sobre este recinto.plan general Esa iniciativa, que pretende devolver a esos terrenos su carácter público, será analizada el próximo lunes en una comisión con el fin de someterla a aprobación definitiva por el pleno el jueves, y supondría, de llevarse a cabo, tener que compensar también a Metropolitan, además de al Puerto por la adquisición.
El secretario recuerda en su informe que la expropiación es la opción preferente por el Concello para llevar a cabo la compra de La Solana, de acuerdo con la aprobación provisional del cambio del plan general realizada en enero de 2019, puesta en marcha por el Gobierno local de Marea Atlántica y respaldada por PSOE y BNG. El funcionario advierte que, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, "se expropiaría no solo el dominio, sino cualesquiera derechos e intereses patrimoniales legítimos".
El documento menciona sin embargo que todavía no está tomada la decisión definitiva sobre la fórmula de adquisición de los terrenos, ya que el texto aprobado en 2018 menciona la posibilidad de hacerlo también "por mutuo acuerdo o convenio" entre el Concello y la Autoridad Portuaria. Otra vía para que La Solana pasara al patrimonio municipal sería la cesión gratuita en caso de acreditarse la finalidad de utilidad pública o interés social de la operación.
El secretario añade que a esas opciones debe sumarse, como se incorpora al documento para la aprobación definitiva, la "venta directa entre administraciones públicas", que implicaría la continuidad de Metropolitan en La Solana hasta 2027 porque habría que respetar el contrato que ahora mantiene con la Autoridad Portuaria.
De acuerdo con la vía que se emplee para hacerse con La Solana, el secretario señala que la repercusión económica de la iniciativa será diferente, ya que si se recurre a una que permita la continuidad de Metropolitan se percibiría el consiguiente cobro del alquiler que ahora abona al Puerto. En caso de que se opte por la expropiación, no solo habrá que compensar a ese organismo, sino también a Metropolitan por la finalización anticipada de su contrato de arrendamiento, que el secretario califica además de "peculiar" por no tratarse de una concesión, ya que la empresa desarrolla una actividad privada sobre suelo público.
Cuando la Autoridad Portuaria abrió en 2016 una subasta de La Solana y el hotel Finisterre, el Concello presentó una oferta de 1,3 millones de euros, el precio en que tasó el Puerto esa propiedad, por el recinto deportivo y planteó además que le fuera transferido mediante una adjudicación directa. En ese momento se preveía que Metropolitan continuara gestionando las instalaciones hasta 2027, año en el que termina su contrato de arrendamiento.
Pero posteriormente el Gobierno local promovió un cambio del plan general para revertir el que el Ejecutivo del Partido Popular había efectuado con relación a La Solana, que pasó a ser espacio libre deportivo de titularidad privada y al que ahora se intenta incluir en el sistema general de espacios libres de titularidad pública.
Servicio público
El informe del secretario municipal detalla que una expropiación de La Solana tendría por finalidad "el establecimiento de un servicio público" en ese lugar y que supondría "la extinción de arrendamientos y cualesquiera otros derechos personales". A ello añade que el Concello "debe abstenerse de establecer o continuar con los ocupantes cualquier relación arrendaticia en forma expresa y de iniciarla con quienes no ostentaren aquella condición". Incluso advierte de que no se podrá "reconocer o convalidar de manera tácita situaciones de hecho creadas antes o después de comenzar la expropiación".
Un pacto entre Concello y Puerto sobre esta propiedad se antoja difícil tras las manifestaciones realizadas por el presidente del segundo de esos organismos, Enrique Losada, tras la aprobación provisional del cambio del plan general sobre La Solana. En aquel momento, Losada, nombrado por la Xunta, acusó al Gobierno local de Marea Atlántica de promover esta modificación para hacerse con el complejo "a bajo precio", ya que consideraba que se intentaba "forzar' a la Autoridad Portuaria a admitir la oferta de 1,3 millones realizada por el Concello durante la subasta, aunque ya entonces se había descartado que se fuera a llevar a cabo tras el protocolo suscrito en abril de 2018 entre Puertos del Estado y la Xunta sobre los terrenos portuarios, en el que figura la continuidad de La Solana como propiedad pública.
Cuando el Concello inició la tramitación para cambiar la situación urbanística de La Solana, el Puerto planteó alegaciones en las que apreció la inexistencia de interés público, desviación de poder, fraude de ley y ausencia de justificación económica en esta iniciativa, aunque todas estas argumentaciones fueron desestimadas por la administración municipal, cuyo secretario vuelve a considerarlas sin fundamento en el informe que ahora figura para la aprobación definitiva de la modificación del plan general.
