El pacto de investidura entre el PSOE y Compromís supondrá el perdón por parte del Estado de unos 350 millones de la deuda generada por la remodelación del puerto de Valencia. La Administración central asumirá este monto cuando se aprueben los próximos presupuestos. Sin embargo, no existe un compromiso equivalente con respecto a la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña, asumida para financiar la construcción del puerto exterior, de más de 200 millones de euros.

Siguiendo el pacto con Compromís, el Gobierno se compromete a cubrir la deuda del consorcio en los próximos presupuestos, es decir, los de este año, "incluyendo los aproximadamente 23 millones de costes de reposición ante la Autoridad Portuaria". Se repetirán los términos que ya se incluyeron en los presupuestos de 2019, que nunca fueron aprobados: el Estado asumirá la deuda que tiene el consorcio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y condona la que tiene con el Tesoro Público. Además, entablará negociaciones para garantizar la "adecuada gestión" de los terrenos portuarios.

El Gobierno ya había asumido esta cláusula en las cuentas de 2019, nunca aprobadas, después de un pacto en parecidos términos con Compromís. Rechazó entonces tomar la misma medida en A Coruña, alegando que la ley impide perdonar la deuda por la naturaleza del deudor, que en A Coruña es una Autoridad Portuaria y en el puerto levantino el consorcio Valencia 2007, en el que participan la administración estatal, autonómica y local.

Este se creó para acondicionar los muelles de la ciudad para la celebración de la Copa América en 2007, y, a partir del año siguiente, la celebración de campeonatos de Fórmula 1. La deuda coruñesa, asumida para construir el puerto exterior, debía en principio cubrirse con la venta de los muelles interiores, de los que ahora se pretende que mantengan la titularidad pública.

La liberación de la deuda fue pedida en 2018 por mociones o declaraciones institucionales de el Pleno municipal, el Parlamento de Galicia, la Diputación y el Congreso. El PSOE solo votó a favor en el Parlamento de Galicia y en la Diputación.

Los socialistas coruñeses cuentan con solucionar el problema de la deuda a través de la negociación con el Estado. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento esperará un "margen prudencial" para que se asiente el Ministerio de Fomento. Pasado este plazo, la alcaldesa Inés Rey solicitará una entrevista con el ministro, ya sola o con el presidente de la Autoridad Portuaria, para reclamar que "se llegue a la condonación total, o al menos al máximo posible".

En esta reunión, señala el Ayuntamiento, se tratará también la conexión a punta Langosteira, la cuarta ronda y la Intermodal, pero "la negociación de la deuda y liberar los muelles es prioritario, ya que condiciona el futuro de la fachada marítima".

La asunción de la deuda portuaria coruñesa no se encuentra en el acuerdo de coalición del PSOE con Galicia en Común-Unidas Podemos, y tampoco en el pacto de investidura que firmó el BNG con los socialistas, donde sí está el tren al puerto exterior. En la última campaña electoral a nivel nacional, la portavoz nacionalista, Ana Pontón, criticó en un mitin en el teatro Rosalía de Castro que los presupuestos de 2019 condonaban la deuda de Valencia pero "pasaban olímpicamente del puerto de A Coruña". Pontón prometió darle "la vuelta a ese agravio" en las elecciones generales. El grupo del BNG en el Parlamento, consultado ayer por este periódico, no realizó declaraciones acerca de cómo defenderá esta reclamación en la Cámara o si confía en incluir la condonación de la deuda en estos presupuestos.

Dos mociones

En el pleno de mañana se verán dos mociones relativas a la deuda del Puerto. Una será la del grupo municipal del Partido Popular, que señala que la falta de solución para la deuda de A Coruña prueba que el Gobierno "discrimina" a A Coruña. Los populares presentarán una iniciativa para que los presupuestos del Estado recojan "todas las actuaciones necesarias para finalizar la discriminación" a la ciudad, dentro de la que se incluye la liberación de la deuda. Por su parte, el grupo municipal del BNG presentará otra para pedir la creación de un consorcio "con la participación de distintas administraciones y entes implicados" para acometer la transformación de los terrenos del puerto interior manteniendo su titularidad pública. Consideran que el Gobierno de Inés Rey debe tomar ahora la iniciativa para "complementar" los acuerdos alcanzados por los nacionalistas en Madrid.

El grupo municipal de Marea se pronunció ayer en favor de la creación de este consorcio, además de la condonación de la deuda y la revisión de los convenios de 2004 para asegurar la titularidad pública de los terrenos portuarios. La condonación de la deuda de Valencia supone un "agravio" para el grupo, que, al igual que el PP, manifestó que la de A Coruña se asumió para realizar una obra de interés general y no, como en Valencia, por los "excesos de la Fórmula 1 y la Copa América".

Falta de una mesa de trabajo

La creación de un grupo de trabajo entre varias administraciones es una reclamación reiterada. El grupo municipal socialista pidió en octubre de 2017 la creación de un consorcio público para decidir el futuro de la fachada marítima y la urbanización de los muelles, y el teniente de alcalde Juan Díaz Villoslada afirmó esta semana que con el nuevo Gobierno se crearía una mesa para revisar el convenio de 2004.

Entre 2006 y 2008 existió una comisión de seguimiento del convenio de los muelles, con la participación del alcalde, representantes del Fomento, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria, Vivienda, la Xunta y Renfe. El 5 de octubre de 2018, el delegado de Gobierno, Enrique Losada, pronosticó si éxito que habría una nueva reunión en noviembre de ese año.