La consejera del Tribunal de Cuentas responsable del asunto que se sigue contra el presidente y un alto cargo de la Autoridad Portuaria fija en 544.000 euros la cantidad que se le reclamaría en el juicio contable para decidir si existieron "perjuicios ocasionados a los caudales públicos" por una serie de pagos de facturas por la obra del puerto exterior. Los intereses elevan esta cuantía a los 690.000 euros. La consejera rechaza la petición de la defensa, que pretendía que se rebajase a 168.300 euros, esto es, a la cantidad que estableció la investigación del caso antes de pasar a la Sección de Enjuiciamiento.
El presidente del Puerto, Enrique Losada, manifestó el pasado junio que es "terriblemente injusto" que se le señale en esta cuestión porque el centro de la instrucción fue un contrato que se firmó antes de que él asumiese la presidencia. El proceso continúa después de que la Fiscalía del órgano estatal decidiese adherirse a la demanda del exconcejal José Antonio Sánchez Penas tras conocerse el resultado de la investigación. El Ministerio fiscal cree que, como posibles "responsables directos", deben ser condenados a reintegrar la cantidad que, según la investigación, recibió irregularmente una contrata de punta Langosteira.
El auto de la consejera se remite a la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para determinar la cantidad del procedimiento de reintegro. Es la Fiscalía la que establece esta cuantía en su reclamación puesto que el demandante particular no lo precisa en su petición. Así, según la ley, "serán acumulables en un mismo proceso las pretensiones que no sean compatibles entre sí y se deduzcan en relación con el mismo supuesto de responsabilidad contable".
